Los organismos autónomos del Estado Mexicano dejarán de existir en el corto plazo, luego de la aprobación en el Senado de la reforma a los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116 y 123 de la Constitución Política del país, en donde se prevé sumar a las arcas de la federación alrededor de 4 mil 422 millones de pesos, que serían destinados al Fondo de Pensiones del Bienestar.
Los siete organismos autónomos y reguladores que desaparecen en México son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Además del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
¿Qué posturas tomaron?, como ejemplo hay dos casos. El INAI opinó que la reasignación de las funciones en otras dependencias del Estado, dañará la certeza jurídica de las personas, pues provocará que la tutela de derechos humanos sea determinada por una autoridad que sería juez y parte, lo que aumentará el riesgo de aplicación de criterios insuficientes o contrarios al principio de progresividad.
Los consejeros de transparencia afirman que en materia de Acceso a la Información y Datos Personales, quedarán bajo la responsabilidad de los sujetos obligados (municipios, estados, secretarías, o parlamentos) y no del INAI, por lo que sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública, al Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, a los Órganos de control de los Organismos Autónomos y a las contralorías del Congreso de la Unión.
En cambio, la Cofece emitió un comunicado en el que señalan que si bien la reforma aprobada elimina la autonomía constitucional, preserva la existencia de una autoridad de competencia con independencia técnica y operativa respecto a sus decisiones, organización y funcionamiento, y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Todas ellas condiciones indispensables de una política de competencia robusta. ¿Con qué opinión se quedan?