Los conflictos sociales en Hidalgo han sido una constante que atender para los gobiernos del último siglo, al menos, desde que se tiene memoria reciente.
El estallido social, el llamado a la insurrección, siempre está precedido de una situación de injusticia o de clamor, en donde el pueblo se une para defender lo que considera es suyo.
El pueblo de Zimapán siempre ha sido uno de esos sitios en donde la palabra empeñada se respeta, en donde la población sale y reclama hasta conseguir justicia social. Ya una vez lucharon a muerte contra extranjeros que buscaron establecerse con un tiradero de residuos tóxicos, y más una década después, resurgen para defender su trabajo en la minas.
En 2009, el pueblo unido en los grupos del Movimiento Todos Somos Zimapán y Unidos por Zimapán, derrotaron a la trasnacional Abengoa Befesa, dejando para la posteridad el ejemplo de organización social y territorial pese a los gobiernos que les tocaron con PAN y PRI.
Ahora, ya instalados en la 4T, con Morena en la presidencia municipal, les toca de nuevo demostrar de qué están hechos con la dura irrupción del Sindicato del Cemento, encabezado por un personaje político de nombre José Neri Ortega, quien es presidente de la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales en el Estado de México, validado incluso por autoridades mexiquenses.
El tema no es menor, involucra a toda una industria que es la de la minería en una región como Zimapán que ha vivido de la extracción desde siempre y que su economía es un ejemplo de sustentabilidad, hasta ahora.
Los pobladores son los mismos que trabajan para las empresas Carrizal, Santacruz Silver Mining, El Espíritu, Industrias Riviem, Minera Quin, Compañía Minera y Beneficiadora Purísima, y decenas de contratistas que laboran como lo hacen los habitantes de comunidades que conducen camiones de volteo y carga, en donde trasladan los residuos de minería y de la extracción.
Dicha labor, antes concesionada por políticos para la CTM por su origen priista, hoy pretende ser secuestrada por personas que no son de la entidad y quienes han llegado de forma violenta a querer apoderarse de los contratos.
¿Podrá el gobierno de Hidalgo destrabar este frente o será de nuevo el pueblo quien defienda a su gente y su territorio como alguna vez ya lo hicieron sin importar de donde provengan los agresores?