Mucha polémica está desatada luego de que Norma Lucía Piña Hernández, la todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunciará que por congruencia presentaba su renuncia que surtirá efectos hasta agosto de 2025.
Junto a ella, un grupo de 7 ministros del Alto Tribunal también decidieron poner fin a su carrera en la Corte, pues no participarán en el proceso de elección de jueces y magistrados, además de que en algunos casos concluyen con su ciclo profesional.
El caso no sería tan relevante sino es porque se da en el marco de la Reforma al Poder Judicial en donde prácticamente se le está dando una estocada final al poder político de oposición que persiste al interior de la Suprema Corte.
No hay que ser clarividente para observar que el proceso ha sido tortuoso para todas las partes involucradas y que en medio está la ciudadanía, que sigue careciendo de una justicia pronta y expedita en los estados y el país.
Sin embargo, la decisión de los 8 ministros no debe tomarse como un acto de retroceso en donde la justicia del país no prosperará, sino todo lo contrario; de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, significa un paso necesario para seguir con el proceso aprobado por el Congreso de la Unión en la reforma constitucional que mandata la elección de los jueces por la vía popular.
Aún así, la decisión final sobre la reforma no ha sido tomada ya que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso invalidar la elección de jueces y magistrados a través de voto popular, pero deja viva la elección de ministros por el mismo método, mediante un proyecto de sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas que presentaron los partidos políticos nacionales PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, en el que también propone que se invalide la figura de jueces sin rostro, así como el método de selección de candidatos a juzgadores federales.
¿Cuál es la opinión real de la ciudadanía en este tema?, seguramente la mayoría está en contra de la autoridad judicial, y es normal, ya que al grueso de la población le ofende toda representación de la opulencia legal, además de que todos tienen malas experiencia en asuntos que tienen que ver con acceso a la verdadera justicia .