Las reformas constitucionales que desde el Congreso de la Unión se han realizado y las que están por venir, han rebasado a los estados y a sus congresos locales.
Lo anterior es resultado de un centralismo parlamentario que no es nuevo, es algo que ha distinguido a la política de nuestro país por lo menos desde hace 24 años cuando vía las urnas la población determina otorgar al poder en turno todas las cámaras y congresos estatales.
Ocurrió con el PAN durante la presidencia de Vicente Fox, cuando la mayoría de los estados se pintaron de azul y lograron impulsar reformas desde el centro del país que no tuvieron mayor oposición en los estados.
Lo mismo con Felipe Calderón cuando incluso se modificó a la mayoría de integrantes de la Suprema Corte, se reformó el Poder Judicial, la Constitución, las facultades del Ejército y las policías y no hubo ningún obstáculo en cámaras estatales ni a nivel federal.
Con Enrique Peña Nieto la aplanadora fue todavía mayor ya que sin necesidad de consultar a estados o a la población, se presentaron las famosas “reformas estructurales” entre las que destacaron la educativa, la energética, la fiscal, mismas que ya han sido derogadas.
Al llegar la 4T al poder en México, desde 2018 y ahora en 2024, la dinámica es básicamente la misma, con la salvedad de que hay una justificación en que se está actuando por voluntad popular y decisión del pueblo que votó por un proyecto de nación.
Un ejemplo es lo ocurrido la noche del 24 y madrugada del 25 de octubre en el Senado, donde se aprobaron las reformas en materia de impugnabilidad de las adiciones o reformas a la Carta Magna.
Veremos ahora como pasa en los estados prácticamente en automático, lo cual aunque parezca increíble o inédito para muchos, es algo que se tiene estipulado al interior de las corrientes políticas que gobiernan en turno.
Por ello, los congresos estatales y los poderes en las entidades, deben buscar figurar en otro tipo de agendas políticas o del federalismo, ya que están fuera del debate nacional.