No soy abogado. Soy analista político. Por lo tanto, le entraré al debate sobre la crisis constitucional desde una mirada política y de sentido común.
Los hechos que hemos visto en las últimas semanas son muy graves: la Reforma al Poder Judicial, aprobada en sede alterna, y violando los procedimientos mínimos de la técnica parlamentaria; senadores comprados a cambio de impunidad como el impresentable de Miguel Ángel Yunes; la aprobación de reformas secundarias sin el más mínimo debate y en fast track; la imposición de la supremacía del Poder Legislativo para evitar el control judicial, clave en la división de poderes; una presidenta como Claudia Sheinbaum que decide no cumplir las sentencias de los tribunales, porque interpreta que los jueces se están extralimitando...mi palabra es la ley, le faltó decir; la definición de la elección judicial mediante tómbolas en el pleno del Senado, con la ausencia de la mayoría de la oposición. Lo que vemos se aleja mucho de la normalidad democrática.
Considero que, frente a estos hechos, existen millones de mexicanos y mexicanas -que también son pueblo- que se sienten en auténtica indefensión. No hay manera de parar a un régimen que se siente con la legitimidad para pasar por encima de cualquier instancia que contenga o límite su poder. No es posible defendernos de las violaciones a los derechos y libertades que supone la Reforma al Poder Judicial. Desde la mirada oficialista, del Gobierno, ninguna reforma constitucional puede ser revisada por la Corte (esto contrasta con que el propio López Obrador impulsó impugnaciones contra reformas constitucionales en el pasado). El INE está cooptado hasta la médula y particularmente su presidenta: Guadalupe Taddei. Por ello, Morena aprobó una reforma para también hacer “suprema” a la presidenta y matar la colegialidad del INE. Me recuerda que intentaron extender el mandato de Arturo Zaldívar en la Corte -ya vimos en qué acabó el otrora ministro impulsado por Felipe Calderón. Desaparece también el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), encargado de proteger nuestros datos personales y el acceso de los ciudadanos a la información pública. Nos dice Sheinbaum que no desaparece la transparencia; bueno, ahora el Gobierno decidirá qué información entrega y cuál mejor se reserva. Pequeño matiz.
La destrucción institucional nos deja frente a una realidad innegable: pasamos de ser un país que se asumía de instituciones a un país de voluntades. Estamos a expensas de la buena voluntad de los gobernantes. La antítesis de aquello que debe ser una república democrática.
Juzgo increíble que con tanta rotundidad se afirme que no se puede hacer nada contra una reforma constitucional. Sé que durante años la Corte ha bateado cualquier impugnación en esta materia. Considero que es un error. No obstante, los antecedentes no deben clausurar el debate. Pongamos algunos ejemplos.
Imagine usted que mañana el Supremo Poder Reformador de la Constitución (el Senado, la Cámara de Diputados y la mitad de los congresos locales) decide que México no necesita un Congreso. Que la presidenta es buena y tiene buenas intenciones; por lo tanto, para qué gastar en diputados. Y lo legislan en la Constitución: sólo hay un primer supremo…la Presidencia. ¿No es posible impugnar eso?
Imagine usted que mañana el Supremo Poder Reformador de la Constitución decide que los jóvenes de 18 años están muy jóvenes para votar y que la edad para acudir a las urnas debe ser de al menos 40 años. O que sólo es posible ser católico en este país y se mandata expulsar a ateos y judíos de México. ¿No es posible impugnar eso?
O imagine otra cosa: el Supremo Poder Reformador de la Constitución decide que ser homosexual es una enfermedad. O que fue un error que las mujeres accedieran al derecho a votar en 1953. O que la esclavitud es una forma eficiente de explotar laboralmente a la ciudadanía y nos garantiza mayor crecimiento económicamente. ¿No es posible impugnar eso?
La Reforma al Poder Judicial destruye la independencia del Poder Judicial. Lo que hace es poner a los jueces al servicio de los partidos políticos. Los jueces ya no deberán hacer caso a las leyes o a la Constitución, sino a los partidos políticos que les garantizan la votación para acceder al cargo. Eso supone en términos llanos: la muerte de la democracia como sistema de pesos y contrapesos, así como de equilibrio de poderes. México tiene firmados tratados internacionales en donde se compromete a ser una república democrática, que respeta los derechos humanos, así como las libertades ciudadanas.
Entiendo los antecedentes jurídicos y he escuchado las distintas posturas en torno a la crisis constitucional que sí vive México (desde quien cree que los jueces están haciendo “lawfare” hasta quien considera que están actuando correctamente). Reconozco que Morena ganó las elecciones, pero también está claro en los datos que la ciudadanía no le dio las mayorías que artificialmente el INE aprobó a través de la legalización de transferencias de victorias entre integrantes de la coalición oficialista. En democracia, todo poder debe tener contención. Cualquier acto público. Sin esa defensa, nuestros derechos y libertades están al arbitrio de la buena voluntad de los gobernantes. No tener un mecanismo para revisar reformas constitucionales nos deja en una indefensión impropia de una democracia.