Por supuesto que una revisión del Pacto fiscal, firmado entre la Federación y los gobiernos estatales hace más de 40 años, cuando íbamos “a administrar la abundancia”, tiene toda la lógica del mundo.
Y la consulta sobre el tema resulta ser un encomiable ejercicio de ciudadanía práctica; porque la convivencia pública tiene, como un ejercicio central, el manejo de los dineros públicos en pro del bien común, el interés público.
Por supuesto, igualmente, que el criterio central de ese replanteamiento tiene que ser la justicia: el nuevo pacto fiscal que se acuerde entre las partes, tiene que ser justo.
Y el criterio central de la justicia financiera nacional lo expresó con crudeza un distinguido poeta nacional mexicano, Salvador Díaz Mirón, hace 100 años: “Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo necesario”.
La atribución central y obligación indiscutible de cualquier gobierno en el mundo, sea local, estatal o federal (y con mayor razón: de cualquier órgano internacional), es la atención prioritaria de todos los derechos de todas las personas humanas.
Del otro lado, la justicia colectiva obliga a sostener y a aplicar el criterio progresivo en la recaudación de los impuestos: que pague más y en mayor proporción el que más ha acumulado (casi siempre con el trabajo personal aportado por muchos otros y escasamente retribuido).
Es importante rememorar aquí las circunstancias nacionales en que el hoy vetusto pacto fiscal se firmó entonces.
Eran los tiempos en que el ingeniero petrolero Jorge Díaz Serrano, influido por sus compadres texanos, y contra el criterio prudente de su “cabeza de sector”, la Secretaría de Patrimonio Nacional, convenció al Ejecutivo Federal de que México nadaba en petróleo y que había llegado el momento de abandonar el criterio “conservador” de utilizar las reservas energéticas de nuestra ventaja comparativa sólo en el propósito de consolidar nuestro propio desarrollo económico; y en cambio convenía exportar alegremente nuestras reservas energéticas, para así no cobrar impuestos (a los grandes empresarios).
Sobra decir que los demás productores mundiales tildaron a Jorge Díaz Serrano (y a México) de “esquirol”, al derrumbarse los precios internacionales.
Viene a propósito citar lo que al respecto menciona el Presidente en su reciente libro **A la Mitad del Camino: “Durante décadas… este modelo de desarrollo descansó en los ingresos que se obtenían por la extracción de petróleo de Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco, de 1988 hasta 2012, durante cuatro sexenios o 24 años, el 33 por ciento el presupuesto se sustentó en los ingresos por la venta del petróleo al extranjero. Sin embargo, el sur y el sureste padecieron el más injusto abandono”, (Pág. 279).
En este mismo espacio generoso de expresión ciudadana escribimos el 20 de marzo de 2007, hace más de 14 años, “entre enero y noviembre de 2006, Pemex obtuvo más de 71 mil millones de dólares en ingresos brutos. De esos miles de millones, según el Banco de México, Pemex pagó al gobierno federal, por concepto de impuestos, y derechos, 73 por ciento, la carga fiscal más alta del mundo”.
Todavía para 2022 va en 54 por ciento de sus ingresos brutos.
Esteban Garaiz
egaraiz@gmail.com