A estas alturas, todos conocemos perfectamente la historia, Debanhi Escobar desapareció la madrugada del 9 de abril en Escobedo, Nuevo León, su desaparición se hizo viral en todo el país y 12 días después, encontraron su cuerpo en la cisterna de un motel a 600 metros de donde se le vio por última vez.
El reclamo de la sociedad no se hizo esperar y éste fue haciendo evidentes poco a poco las crecientes contradicciones, inconsistencias, torpeza e ineptitud por parte de las autoridades encargadas de la investigación. El primer dictamen de la fiscalía aseguraba, en voz de su titular Gustavo Adolfo Guerrero, que la víctima había muerto por un desafortunado accidente y no por un homicidio.
Ante las dudas que la versión del fiscal dejó, sobre todo en medio de la cantidad de feminicidios que hay en el país, la familia solicitó un segundo informe médico privado, el cual aseguraba las sospechas iniciales: Debanhi había sido asesinada y abusada sexualmente.
Esto fue revelando al elefante en la habitación, la fiscalía y el gobernador Samuel García se resistían a investigar el caso con perspectiva de género con tal de no sumar a Debanhi a la lista de feminicidios ocurridos en el estado, los cuales han quedado en su mayoría impunes pues desde 2013 a la fecha, se han resuelto solo un 28 por ciento de los casos, haciendo de Nuevo León el segundo estado con mayor índice de feminicidios en el país. Y ahora un tercer dictamen termina de confirmar lo que todos ya sabíamos: Debanhi murió por asfixia y sofocación al menos tres días antes de que la encontraran, lo cual invalida completamente la versión de la Fiscalía y vuelve a este un claro caso de feminicidio.
Cabe recalcar, y aquí el meollo del asunto, que la tercera investigación no fue resultado de la voluntad del fiscal para desmentir lo que él mismo sabía que era un carpetazo inverosímil, recordemos que éste ya había dicho que en Nuevo León no había una crisis de mujeres desaparecidas, aunque las cifras oficiales apuntarán lo contrario, sino que devino de la imposición de un grupo de trabajo interinstitucional, que incluyó la participación de la Ciudad de México, que llevó a la exhumación del cuerpo de la víctima, muy a pesar de la fiscalía que ya había manifestado una gran resistencia.
En documentos oficiales es posible constatar que, en los últimos meses, el caso fue asistido por al menos nueve instituciones federales entre las que destacan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Unidad de Información, Infraestructura Informática y Vinculación Tecnológica, entre muchos otros.
En otras palabras, se necesitó un gran número de instituciones para poder llegar a la última versión sobre el caso Debanhi. Esto deja ilustra dos cosas: que las autoridades hacen lo que les da la gana cuando los casos no son mediáticos dando irresponsables carpetazos a casos sin resolver, y que, a pesar de que se dice que México no cuenta con las herramientas necesarias para investigar feminicidios, este tercer peritaje dejó manifiesta que sí existe la infraestructura necesaria para resolver feminicidios, pero que se requiere del apoyo interinstitucional. La cooperación entre gobiernos locales y federales tiene que ser una constante en la prevención y averiguación de feminicidios. Se debe buscar replicar en todo el país la estrategia utilizada en el caso Debanhi.
Respecto a Nuevo León, el grupo de trabajo debe mantenerse para apoyar al gobierno local, pues en una reunión a puerta cerrada, el fiscal urgió la homologación del delito de feminicidio y admitió que éste aumentó en un 140%, rebasando completamente a las autoridades del estado. Y es justo ahí donde se muestra la necesidad de distintos organismos para presionar a las fiscalías estatales a que investiguen con perspectiva de género y no con intereses políticos.