La corrupción sigue siendo uno de los principales problemas del país. Por eso no es casual que haya sido el principal tema de la campaña del actual presidente electo. Según el más reciente Índice de Estado de Derecho 2018, elaborado por el World Justice Project, México está reprobado, con un promedio de 0.45 puntos sobre 1. Esto lo ubica en el lugar 92 a nivel mundial, entre 113 países. En Latinoamérica solo está por encima de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia, y Venezuela.
Sin embargo, la peor calificación de México es en ausencia de corrupción (0.31 promedio nacional y lugar 102 de 113), que mide: ausencia del fenómeno en el Ejecutivo, en el judicial, en el legislativo, en las instituciones de seguridad de seguridad y en las de procuración de justicia.
Es preocupante que México tenga una posición tan desfavorable en la materia, a nivel mundial, lo cual no se corresponde con su posición dentro de las principales economías del orbe. Tampoco con su pertenencia a la OCDE y otras organizaciones que agrupan a los países más desarrollados. Por eso es tan importante combatir la corrupción desde las más altas esferas del gobierno federal.
Las entidades peor calificadas en el Índice de Estado de Derecho 2018 son: Guerrero, gobernado por el PRI; Baja California Sur, por el PAN; Estado de México, por el PRI; Sonora, por el PRI, y Puebla, por el PAN. En síntesis, tres estados con gobernador priista y dos con panistas. Las tres últimas empatan en tercer lugar a nivel nacional. La entidad mexiquense apenas tuvo 0.28 puntos en ausencia de corrupción, uno de los más bajos del país.
Igual que a nivel nacional, es preocupante que el Estado de México siga con graves problemas de corrupción. Apenas 25 por ciento de los encuestados cree que los funcionarios estatales no incurren en actos de corrupción; porcentaje similar al de los piensan que los de seguridad pública y de procuración de justicia no abusan para obtener riqueza; cantidad parecida a los que opinan que los funcionarios del poder legislativo no obtienen beneficios económicos. Paradójicamente, solo 42 por ciento dijo que los funcionarios del poder judicial no abusan de sus funciones para enriquecerse.
El lugar que ocupa el país México y el estado en el Índice en 2018 es una llamada de atención para que tanto el futuro gobierno federal, como el actual gobierno estatal empeñen todo su esfuerzo, a fin de superar la situación actual. Son tiempos para cambiar.
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