En México, la corrupción tiene raíces profundas que se entrelazan con la historia misma del país. La promesa de combatirla ha sido una constante, pero en la realidad, esta lucha parece destinada al fracaso, atrapada en la maraña de la impunidad. Mientras los ciudadanos enfrentan las consecuencias diarias de los desvíos, la corrupción se convierte en una sombra omnipresente, impune y cotidiana. La justicia, en lugar de ser un motivo de esperanza, se transforma en un laberinto burocrático donde las denuncias se extravían y los culpables rara vez son castigados.
La operación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de las fiscalías especializadas en la materia y de los Sistemas Estatales Anticorrupción,son el reflejo del mismo mal que buscan erradicar: la ineficiencia, las ‘cuotas para los cuates’ y la falta de resultados puntuales. A pesar de la creación de este marco institucional en 2017, diseñado para ‘coordinar los esfuerzos contra la corrupción’, los avances han sido limitados, ridículos, insultantes. Proporcionalmente, las cifras de impunidad, alarmantes.
Un estudio reciente de ‘Impunidad Cero’, reveló que de los casos presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el 64.6% de las denuncias por corrupción siguen sin resolverse, permaneciendo en etapa de integración, y solo el ¡1.8% han llegado a una sentencia! Más impactante aún es que únicamente en siete casos se ha logrado una sentencia condenatoria, representando apenas el ¡0.6% del total! Estos datos dejan en evidencia una burocracia atascada, ciega y sorda, en su zona de confort e incapaz de enfrentar la magnitud del problema.Mientras que los responsables continúan operando con absoluta impunidad.
Un análisis de Milenio resalta otro aspecto preocupante: entre 2019 y la primera mitad de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició 3,816 carpetas de investigación. Sin embargo, solo el 3% de estas carpetas fue judicializada. Esto significa que de las miles de denuncias que se reciben y analizan, solo una ínfima fracción llega a una instancia judicial. El 54% de las carpetas sigue ‘en trámite’, mientras que el 34% de las carpetas ¡fueron desechadas por diferentes motivos! De estas, 666 carpetas fueron archivadas sin ejercer acción penal y en 194 casos se abstuvo de investigar por considerar que no había suficientes pruebas de delito.
Además, se evidencia un desinterés por parte de las autoridades para esclarecer las investigaciones y dar seguimiento a los casos. No solo hay una baja tasa de judicialización, sino que no se informa si esas pocas carpetas que llegaron a los tribunales culminaron en sentencias. La falta de transparencia en el proceso judicial genera una profunda desconfianza en la ciudadanía, que ya no ve al ‘sistema anticorrupción’ (ycon justa razón), como una herramienta para buscar justicia, sino como otro obstáculo más.
Este ciclo de impunidad y falta de acción refleja un sistema que, aunque cuenta con un andamiaje institucional, no tiene los recursos, ni la voluntad política para funcionar eficazmente, además de estar, en los estados, capturados por sus gobiernos. Natalia Campos, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señaló que la Fiscalía Anticorrupción, en 2022, solo utilizó ¡48% de su presupuesto asignado!Gran parte de este se destinó al pago de salarios. La falta de planeación y recursos, refleja un interés más ‘simbólico’ que real, en la lucha contra la corrupción. Los sistemas buscan justificar su ornamental existencia, con burocracia académica y ‘políticas’ que se archivan en los libreros. Mucho ruido y pocas nueces.
A medida que las denuncias se acumulan y las sanciones no llegan, millones de pesos son desviados, sin que hasta el día de hoy se recupere lo robado o se repare el daño a las víctimas. Mariana Cendejas, del Tecnológico de Monterrey, sostiene que esta falta de resultados es una constante no solo en las fiscalías anticorrupción, sino en todo el sistema de justicia. El combate a la corrupción en México necesita más que buenas intenciones, o burocracias bien pagadas. Requiere un verdadero compromiso para reformar un sistema que, hasta ahora, parece diseñado para perpetuar la impunidad, más que para erradicarla.