La creación de la SIBP parece orientada a dar una respuesta rápida ante la presión social, pero no necesariamente ataca las causas estructurales de la crisis
La reciente aprobación por el Congreso de Jalisco de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP) plantea una serie de preguntas fundamentales sobre su verdadero impacto en la indagación de personas desaparecidas en la entidad. Más allá de las declaraciones públicas, la pregunta clave es: ¿esta nueva entidad aborda las raíces del problema o solo es una respuesta política superficial?
La SIBP se plantea como una instancia para coordinarse con la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad y el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5). Sin embargo, existen serios cuestionamientos sobre la efectividad de agregar una capa más de burocracia para resolver un problema profundamente enraizado en la ineficiencia, la impunidad y la falta de recursos en las instituciones de justicia y seguridad. Se defiende que no hay duplicidad de funciones, argumentando que la SIBP se enfocará en la prevención y el uso de tecnología para agilizar las búsquedas. No obstante, esta distinción entre prevención e investigación es apenas un tecnicismo, que no convence a quienes ven en esta secretaría una simple reorganización administrativa sin impacto tangible en la realidad de las familias afectadas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEPAD), junto a 250 organizaciones, criticó duramente la reforma por su falta de transparencia y ausencia de un proceso de parlamento abierto. Además, señalaron que la reforma desacata un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que exige la creación de una Fiscalía Especializada para investigar los delitos de tortura. Esta crítica apunta a una realidad incómoda: la creación de nuevas instituciones no es un sustituto de las soluciones profundas que se necesitan para garantizar el acceso a la justicia.
Jalisco enfrenta una crisis devastadora en materia de desapariciones. Según datos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado (Cobupej), solo en septiembre se reportaron 288 desapariciones, de las cuales 185 personas siguen sin ser localizadas. Esta cifra es alarmante y resalta la gravedad del problema, especialmente en una entidad donde la Fiscalía arrastra más de medio millón de investigaciones pendientes.
Este rezago se traduce en una desconfianza generalizada hacia las instituciones de procuración de justicia. De las carpetas de investigación abiertas, solo el 8% se procesa, y de ese porcentaje, el 75% no llega a resultados concretos, lo que implica una efectividad de menos del 1%. ¿Cómo podría la creación de una nueva secretaría revertir esta situación si las instituciones actuales siguen operando con semejante ineficiencia?
La creación de la SIBP parece orientada a dar una respuesta rápida ante la presión social, pero su enfoque en la prevención a través de inteligencia y tecnología no necesariamente ataca las causas estructurales de la crisis. Se limitó a proponer una nueva estructura sin resolver los problemas de fondo que han permitido que la desaparición se convierta en una práctica común en el estado.
La desaparición de personas, es, en efecto, “un mecanismo para ejercer control, eliminar a los disidentes y, en muchos casos, alimentar las filas del crimen organizado”. Este fenómeno está intrínsecamente ligado a un estado paralelo que opera en Jalisco, uno que ni una nueva ‘secretaría’, ni más personal en las oficinas del Ministerio Público pueden desmantelar, sin una reforma integral de las instituciones de justicia y seguridad. Ambas. Requiere una transformación radical de las instituciones existentes, un enfoque en la rendición de cuentas y, sobre todo, un compromiso real con la justicia.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse si la SIBP es una estrategia genuina para enfrentar la crisis o una maniobra política para proyectar una imagen de acción, sin comprometerse a los cambios profundos que verdaderamente se requieren. La creación de nuevas secretarías y órganos administrativos puede ser vista como un esfuerzo por aparentar eficiencia, pero sin una adecuada asignación de recursos, capacitación, y sobre todo, voluntad política para enfrentar las causas estructurales de la crisis, estas entidades tienden a perpetuar los mismos problemas que buscan resolver. _