¿Cuál sería el impacto económico de las reformas al Poder Judicial y a órganos autónomos? Algunos analistas ya han comenzado a hablar de una crisis económica similar a las que tuvimos en otros cambios de gobierno (1976, 1982 o 1994). Considero que esta es una visión catastrofista y básicamente equivocada. Es una visión propia de esos analistas que han profetizado una crisis económica desde 2018. No terminan de entender que el escenario macroeconómico actual es muy distinto al que prevalecía en esos momentos. En aquellos años, los fundamentos económicos eran muy débiles y había distorsiones graves en la economía. Se tenía un tipo de cambio fijo o semifijo, el cual dependía crucialmente del monto de las reservas internacionales. Por lo mismo, la economía era muy sensible a lo que se conoce como “corridas cambiarias”. Hoy en día el contexto económico es muy diferente. No hay desequilibrios significativos con el exterior, la deuda pública está en niveles razonables y el tipo de cambio es flexible, lo que le permite amortiguar todo tipo de choques.
Esto no quiere decir que las reformas no tendrían efectos económicos negativos. Claro que los habría. Los efectos serían de diversos tipos. Habría unos inmediatos, otros de corto plazo y otros más, los realmente importantes, de mediano y largo plazo. Los impactos inmediatos serían una mayor volatilidad y una cierta turbulencia financiera. Esto ya lo hemos vivido desde hace varias semanas. El ajuste del tipo de cambio con respecto a su nivel más bajo ya es de 20 por ciento, que no es poco.
En horizontes más largos, el principal problema es que aumentarán las dudas sobre el entorno institucional y sobre la independencia del Poder Judicial en el país. Nuestra economía se percibirá como más riesgosa. Esto ahuyentará a algunos inversionistas y podría reducir sensiblemente los potenciales efectos positivos de la relocalización de empresas. La inversión privada, tanto doméstica como extranjera, será menor de lo que pudo haber sido, lo que tendrá efectos en la capacidad de crecimiento del país.
En el corto plazo, las reformas podrían dificultar la conducción macroeconómica al inicio de la próxima administración. Considerando que ya estamos en plena desaceleración y que habrá una consolidación fiscal el próximo año, la recesión en 2025 sería casi inevitable. No podemos descartar la posibilidad de una recesión relativamente prolongada como la ocurrida durante los primeros años de la gestión de Vicente Fox. Tampoco podemos descartar ajustes a la baja en nuestra calificación crediticia, lo que complicaría la situación de las finanzas públicas.
En el mediano y largo plazo, los costos se reflejarán en nuestra capacidad de crecimiento. Seguiremos en una ruta mediocre, como la que hemos seguido los últimos 40 años, y habríamos desperdiciado la mejor oportunidad para crecer que hemos tenido en décadas. Además, se retrasará la posibilidad de erradicar la pobreza extrema del país. Por ponerlo en términos médicos, y retomando a un analista financiero, el efecto de las reformas no sería el de un ataque cardíaco, sino más bien algo similar a una enfermedad crónica. Seguiremos creciendo, pero lo haremos lentamente, con achaques, dolores y altibajos.