El miércoles pasado concluyó un conflicto poselectoral pesado e innecesario. Cierto, MORENA y sus aliados tenían todo el derecho de protestar hasta la última instancia y ganar en la mesa lo que no pudieron en las urnas. Ellos podían calcular que la distancia para alcanzar a Movimiento Ciudadano era alcanzable a partir de la duda sobre irregularidades o, como pasó, alegar a partir de presunciones y datos erróneos con el fin de presionar o negociar un resultado distinto al que la sala superior del Tribunal Electoral acabó por validar.
La falla por parte de los periodistas y comentócratas jaliscienses tendrá consecuencias. Habrá un momento donde se tenga que analizar la derrota a la investigación y el cuestionamiento de datos prodigados y exponenciados en redes sociales por parte del partido quejoso y sus seguidores -reales o ficticios- y la desinformación aumentada a partir de la New Media que, tristemente, tiene una cámara de eco muy lubricada desde el poder central.
La historia que prosigue ya la vimos en otro momento con algunas variantes. Si bien Claudia Delgadillo reconoció la resolución del Tribunal y ofreció trabajar por el bien de Jalisco -cosa que no se vio en otras derrotas por parte de candidatos oficiales-, seguidores, funcionarios y legisladores de MORENA en el Estado decidieron que la ruta a seguir es la conocida: descalificar, insistir en el fraude y comenzar a crear el ambiente donde Pablo Lemus sea cuestionado por cualquier decisión que tome de política pública desde la óptica de lo ilegitimo o lo espurio.
Ahora, la labor del periodismo jalisciense debería ser muy sencilla: preguntar e insistir a estos personajes cuáles son las pruebas que tienen para sostener su dicho y por qué creen en la decisión del Tribunal en todos los demás casos -incluida la calificación presidencial- y no en la resolución que compete a Jalisco.
Insistir hasta que den una respuesta clara o evidenciar que la descalificación deriva de un interés político-electoral más que de una denuncia legitima basada en hechos concretos.
Durante el periodo electoral actual en los Estados Unidos, periodistas y conductores de programas de opinión cuestionan de manera insistente a republicanos si creen que la elección del 2020 es legitima y Joe Biden es el presidente de la Unión Americana. Parece una pregunta torpe, pero la insistencia en medios radicales de ultra derecha y la raja política que deja la duda han contaminado a niveles no visto el proceso electoral 2024. Cierto, para muchos votantes hoy en día hay otras preocupaciones mayores, pero el ingrediente está incluido en el coctel de caos que se avecina para dentro de dos semanas.
Lemus está concentrado en terminar de armar gabinete y poner en rieles la relación con el Gobierno Federal. Claudia Sheinbaum y Enrique Alfaro se reunieron al mismo tiempo que el Tribunal Electoral argumentaba sobre el futuro del Estado. Alfaro es un gobernador saliente que continúa en la mira social pero dando espacio al gobernador entrante que, ahora, deberá buscar la misma reunión y evitar que la linea discursiva en su contra prospere.
No es una labor sencilla ante tanta ambición y tan poco interés en poner reflector en la mentira.
Pero se debe hacer, junto con las otras que tienen un mayor peso como la salud o la seguridad pública.
Pero ninguna de las dos prosperará con el agua contaminada, tal y como hoy se intenta hacer.