A más de cinco años de la aprobación de la Reforma al artículo tercero de la Constitución y las adecuaciones a las leyes secundarias, persiste la crítica sobre diversos aspectos de la misma, así como indicadores nada favorables sobre resultados.
La Reforma Constitucional de 2012 garantizó la calidad educativa, la idoneidad de docentes y directivos, y el respeto por la diversidad cultural. También otorgó al Ejecutivo la facultad de determinar tanto los planes y programas, como el ingreso promoción y permanencia al servicio docente y el establecimiento de directrices para mejorar la calidad y equidad de la educación.
En 2014 se llevó acabo la revisión del modelo educativo, lo cual en rigor debió haberse hecho antes de la Reforma, a través de foros que alimentaron el Nuevo Modelo Educativo 2016, que si bien recogió los principales elementos de la consulta, solo señaló el qué hacer, sin definición del cómo llevar a cabo en la práctica la Reforma.
La Secretaría de Educación ha estado operando desde 2013 la Reforma. Sin embargo, la prueba PISA 2015 de la OCDE no presentó buenos resultados: solo 52% de los estudiantes mexicanos logran aprendizajes mínimos en ciencias, 43% en matemáticas y 59% en lectura. La representante de dicha organización señaló que “México continúa estando muy por abajo, incluso de países de América Latina, con un porcentaje que no tuvo ningún progreso respecto a la prueba PISA anterior (2012)”.
Una encuesta de Parametría, al comparar cambios entre finales de 2012 y principios de 2017, señaló que se ha avanzado solo 28% en evaluación de maestros y 26% en su preparación. En general, 44 % de los encuestados expresó que no habido cambios en calidad educativa y 29% indicó retroceso.
En la práctica no ha habido buenos resultados. Sin embargo, hay que reconocer que la Reforma al artículo tercero establece postulados muy positivos para la modernización de la educación. No obstante, la interpretación en leyes secundarias y la forma en que se ha operado por parte de la Secretaría de Educación, con poco o nulo concurso, en particular, de maestros y padres de familia, ha derivado en críticas relevantes.
En la antesala de las elecciones presidenciales, a diferencia de la postura de los candidatos del PRI y el Frente, de continuar con la Reforma, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, haciéndose eco de maestros, padres de familia, organizaciones sindicales y de expertos pedagogos, ha planteado la necesidad de cancelarla. Si bien esta propuesta pone el dedo en la llaga, conviene señalar que en el marco de las adiciones al artículo tercero constitucional, es válido plantear, para efecto de la concreción de dichas adiciones, una nueva e incluyente Reforma Educativa.
En consideración a las críticas, esta propuesta debe incluir la opinión de todos los actores de la comunidad educativa y considerar, entre otros aspectos, el establecimiento de esquemas equitativos de remuneraciones; la preparación de maestros de acuerdo a regiones; un servicio profesional docente, que respete los derechos laborales y que, previo diagnóstico, ofrezca alternativas de ocupación y crecimiento según perfiles; un sistema de evaluaciones que considere, en el contexto de nuestras diferentes expresiones culturales, competencias para la vida, la tecnología y el trabajo; un apoyo equitativo a la infraestructura y que no haya escuelas pobres, así como una Secretaría de Educación, no burocrática, que mantenga vasos comunicantes con la comunidad educativa, la cual espera que la educación apoye el progreso y sea efectivamente de calidad en todos los niveles y regiones.
Gustavo Alarcón
Doctor en Ciencias Sociales en Educación, Universidad de Stanford