La cascada de cambios legales que hay en el país tiene consecuencias desconocidas para la abrumadora mayoría de los mexicanos.
Son leyes que cambian la política y la economía de manera profunda y compleja. Tanto que, en el fondo, sólo pueden entenderlas los especialistas: los especialistas que las imponen desde el gobierno y los especialistas que las comentan desde la sociedad.
Son leyes claras sólo para unos pocos. No son conocidas en sus detalles ni en sus efectos por la población a la que afectarán. Por esa misma razón no son leyes populares, no pueden serlo: muy pocos saben su contenido específico y menos entienden las consecuencias que tendrán en su vida.
Son leyes enredadas, abstrusas, constitucionalmente discutibles. En un sentido estricto: son leyes herméticas, elitistas.
Sólo entienden su letra y sus efectos los especialistas, una minoría en el gobierno y una minoría en la sociedad.
Pregúntese a los mexicanos en general por qué estas nuevas leyes pueden conducir a una autocracia o a una dictadura en México. O por qué, como dicen sus defensores en el gobierno, son expresión de la “verdadera” democracia.
Nadie, salvo las minorías, tendrá una respuesta informada a estas preguntas. Las preguntas remiten a una discusión elitista y hermética, no a un evidente “mandato popular”.
Son muy pocos los que pueden entender las leyes que quieren cambiar en la Constitución mexicana y menos los que entienden sus implicaciones.
Pensemos en la letra y en los efectos de la reforma judicial gobiernista:
¿Por qué provoca miedo y retracción en los inversionistas, según las minorías analíticas, y por qué los inversionistas no tienen nada que temer, según los voceros del gobierno?
¿Cuál de las minorías que conoce las leyes y sus consecuencias tiene razón? ¿La de la sociedad o la del gobierno?
Desde luego tengo mi punto de vista: creo que las leyes en curso serán política y económicamente malas para México.
Pero lo que me importa subrayar aquí es que esas leyes no son conocidas ni pueden, por lo mismo, ser populares.
No representan el “mandato popular”. Son la apropiación legislativa de ese mandato y la imposición en fast track de una idea de país que no puede ser popular, pues no ha sido popularizada ni en sus detalles, ni en sus consecuencias.