Curioso el entendimiento de la presidente Claudia Sheinbaum y de sus secretarios a los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días a lo largo del territorio nacional, como es el hecho de detonar bombas y carros bomba en diversas ciudades, ya que se niegan a reconocer que sean actos terroristas.
Veamos su lógica. En días pasados avionetas arrojaron bombas explosivas en los estados de Sinaloa y Durango, dos coches bomba en Guanajuato, entran y acribillan a comensales de un bar sin motivo aparente, y muchos otros actos similares como han sido coches bomba en las cercanías a algunas refinerías de Pemex, ataques con drones en Culiacán, Chiapas, Tabasco y Michoacán; sin embargo, para la presidente Claudia esos no son actos terroristas.
La pregunta que surge es ¿si atrapan a los autores, por qué delito los van a juzgar? Veamos lo que nuestra ley penal federal dice al respecto: nuestro Código Penal, en su artículo 139, establece penas de 15 a 40 años de prisión “a quien utilizando, entre otras sustancias, explosivos, o armas de fuego, o por incendio o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación, así mismo le da el mismo trato al que al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional”. Inclusive se establece que si se utilizan aeronaves pilotadas a distancia (drones) para cometer las conductas previstas en la fracción I del párrafo primero del presente artículo, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida.
Por ejemplo, hemos visto muchos casos de agresiones a particulares o incendios de negocios por no pagar “derechos de piso”, y con dichos actos intimidar al gobierno y a los particulares a no interferir con el cobro y seguir cobrando, y si alguien se niega, imponer mafiosamente sanción ejemplar para atemorizar al resto de la comunidad.
Es claro que, en esos casos, se utilizaron explosivos, quemen vehículos, por medios violentos realizaron actos contra bienes o personas, y con ello presionar a las autoridades o a particulares; esos actos provocan alarma, temor o terror en la población. Entonces, sin lugar a dudas, es TERRORISMO, aunque nuestras autoridades digan que es una purga entre ellos, causada por los Estados Unidos por detener a El Mayo Zambada sin permiso del gobierno mexicano. Nuestras autoridades quieren que exista un concepto “ideológico”, sea social o político, detrás de sus acciones para calificarlos de terroristas, situación que no se desprende del Código Penal. Se nota que nuestros gobernantes actuales crecieron admirando al “Che Guevara”, entonces, al no ser terroristas, según ellos, como decía mi tía: “Solo, déjenlos que se maten en paz”.
Todo esto sin mencionar, como reciente ejemplo, la decapitación del alcalde de Chilpancingo, en Guerrero; hallazgos de cuerpos descuartizados y abandonados en Sinaloa. Recordemos que el sexenio de MALO cerró con casi 200 mil muertos por homicidios atribuibles a la delincuencia organizada. Además, esas cifras no incluyen a todos los desaparecidos, la gran mayoría “levantados”, en un país donde la violencia alcanza altos niveles de sofisticación y prácticas de barbarie que escapan a la comprensión de un ciudadano común y corriente como uno.
En otro tema, el día de hoy se estará presentando el Paquete económico del gobierno federal para el año 2025, el cual deberá incluir la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos y la iniciativa de reformas fiscales para ese año, y aunque la presidente prometió que por el momento no subirían los impuestos, muchos morenistas insisten en incrementarlos, al estilo Robin Hood, quitar a los ricos, para dar a los pobres, pero bajo la creencia que quien da a manos llenas son ellos y no los contribuyentes.
Estemos muy al pendiente, ya que quieren gravar con impuestos, desconozco si ahora, pero pronto, las herencias y las donaciones a pesar de que sean realizadas estas, dentro del núcleo familiar, donde el autor ya pagó impuestos al crear esa riqueza que ahora hereda o dona. Así como eliminar la posibilidad de no garantizar el interés fiscal cuando por un crédito fiscal emitido por la autoridad federal SAT, del que no está de acuerdo el contribuyente, interpone un Recurso de Revocación tendiente a que la propia autoridad que emitió el acto lo deje sin efectos, cuando a la fecha existe la posibilidad de no garantizar y menos con billete de depósito, o carta de crédito como ahora se pretende. La idea es cobrarle al contribuyente hasta el último cinco, de créditos fiscales, muchas veces improcedentes. Lo peor que puede pasar es similar a personas detenidas acusadas de comprar facturas apócrifas, años después obtienen su libertad por falta de méritos y el fisco simplemente dice, en el mejor de los casos, “disculpe”.
Por ello es una pena que adicionen, el catalogo de delitos a los que les aplica en automático la “prisión preventiva oficiosa” que implica que se te encarcele, con la simple presunción de delito, sin poder obtener la libertad en lo que enfrentas tu proceso penal desde dentro de la cárcel, no obstante que nuestra constitución establece un principio de protección a los derechos humanos de las personas, que es, la presunción de inocencia, donde todos somos inocentes hasta que se demuestre la culpabilidad, cosa que no ocurre, con la prisión preventiva oficiosa o automática y eso a pensar de que existen dos condenas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, exigiendo sea derogada esta de nuestra legislación.
Creo que la defensa de los derechos humanos en nuestro país ha pasado a tercer o cuarto término. Lo que importa es el proyecto transexenal de MALO llamado la CuatroTé sobre todas las cosas, el mejor ejemplo fue la reforma judicial, la ratificación de la piedra en la CNDH e ignorar las resoluciones de la CIDH. Al tiempo.