Un “pollero”, es decir, una persona que se dedica a trasladar a personas indocumentadas con el objetivo de cruzar el territorio mexicano para luego llevarlas hasta Estados Unidos, es una muestra de redes de grupos delictivos que se dedican al tráfico de personas.
Las personas dedicadas al traslado de personas que ingresan de manera irregular al territorio nacional están cometiendo un delito; sin embargo, son solo una cara de un fenómeno mayor y son pequeñas piezas de grupos que obtienen altas ganancias.
Por ahora, las políticas contra el traslado de personas se basan en la detención de los llamados “polleros” y faltan acciones concretas para desarticular a los grupos criminales que trafican con personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el pasado 9 de diciembre, de este año que el Ministerio Público en el estado de Puebla, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM), detuvo a Emilio “N”, por el delito de tráfico de personas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, fue el 10 de marzo de 2022, es decir, hace más de dos años y medio, cuando Emilio “N” fue sorprendido en la Junta Auxiliar de Apango de Zaragoza, del municipio de Acajete, Puebla, conduciendo un autobús que, en su interior, trasladaba a 102 personas extranjeras que no contaban con una legal estancia en el país.
Entre los migrantes que viajaban en el autobús, 32 provenían de Cuba, 41 de Nicaragua, 12 de El Salvador, 11 de Honduras y seis de Guatemala. En aquella ocasión, las 102 personas fueron llevadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y luego regresadas a su país de origen.
A la par, el “pollero” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien en su momento le otorgó medidas cautelares; sin embargo, escapó y en la segunda semana de diciembre de este año fue detenido.
El “pollero” es el inicio de una red de grupos delictivos que cuentan con integrantes en diferentes partes del país. Las políticas del gobierno de México no deben basarse solo en detener a los “polleros” sino en implementar acciones concretas para desarticular a los grupos criminales que se benefician por traficar con personas.