El Proyecto de Sentencia de inconstitucionalidad de varios contenidos de la reforma constitucional del Poder Judicial -que se votará en el Pleno de la SCJN el próximo martes- marcará un hito en la evolución de la Justicia Constitucional en nuestro país. Solo es comparable al debate Iglesias-Vallarta de 1876-1878 sobre la incompetencia de origen y la no intervención de la Corte en asuntos político-electorales, o al desechamiento de los amparos contra la nacionalización bancaria de noviembre de 1983, que marcaron un retroceso. Ahora, estaríamos ante un significativo avance por atreverse la Corte a controlar las reformas constitucionales, a lo que reiteradamente se habían negado desde 1998. Para que eso no quede como un hecho aislado de difícil repetición, será necesario incluir en el texto Constitucional dichas facultades, así como límites al Poder Reformador de la Constitución.
Es sabido que dicha reforma no fue de la autoría de la actual Presidenta, quien se había pronunciado por su más amplia discusión, siendo secundada por el actual coordinador de los diputados de su partido, mismo que después cambió de opinión y anunció que se votaría en dos días. Luego vendría la mal llamada iniciativa de “Supremacía Constitucional”, que todo indica no se le informó de su elaboración ni contenido; ya que, cuando se le preguntó sobre esta, así lo hizo notar, limitándose a decir que ya se había eliminado lo relativo a la no aplicación del Control de Convencionalidad. Si los líderes parlamentarios de su partido no actúan de manera independiente y tampoco reciben instrucciones de Palacio Nacional, ¿entonces quién les da instrucciones?
La sentencia de marras y el anuncio de la disminución de las remuneraciones de ministros y altos funcionarios de la SCJN, no puede entenderse sin el consentimiento de la primera mandataria, o al menos sin habérselo informado. Un conflicto que inició como del Ejecutivo y Legislativo contra el Judicial, puede convertirse en uno entre la Presidencia de la República y la SCJN, para enfrentar mayorías legislativas reacias tanto al liderazgo Presidencial como a acatar dicha sentencia; cuya validez y aplicación no dependerá de la actitud de los líderes parlamentarios, sino de la que asuma la Jefa del Estado. Si Sheinbaum los sigue o apoya en sus decisiones, ella y todo México saldrían perdiendo. En cambio, si la deja pasar, puede decirle a su promotor: “nos chingaron compadre” (como dijo Ruiz Cortines a César Garizurieta)
La Presidenta puede apoyarse en la actual SCJN para liberarse de algunas iniciativas que le dejó como “legado” su antecesor, y fortalecerse políticamente. Otra oportunidad no tendrá.