Los personas justiciables de Coahuila y otros estados del país se levantaron el día de ayer con la noticia del paro de labores por parte de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Federación.
Esta decisión se enmarca en una estrategia para presionar al Ejecutivo federal a negociar mejores condiciones en la reforma del poder judicial, que actualmente se encuentra en proceso de deliberación en el Congreso de la Unión.
Desde que el presidente de la República presentó su propuesta el 5 de febrero, respaldada por un abrumador apoyo popular en las urnas, la reforma parecía un paso inevitable.
Claudia Sheinbaum, presidenta electa, instó a los poderes políticos a fomentar un diálogo que involucrara a gremios de la abogacía, funcionarios del poder judicial federal, representantes de los poderes locales, universidades y público en general.
Sin embargo, hace un par de semanas concluyó este ejercicio, que para muchos fue visto como una mera simulación.
En la Cámara de Diputados, actualmente se encuentra un dictamen que contempla algunas propuestas surgidas de estos foros, aunque estas son, en gran medida, insuficientes e intrascendentes.
Ante este contexto, los trabajadores del poder judicial han decidido ir a paro, paralizando el servicio en todos los Juzgados de Distrito, Colegiados y demás instancias del país.
Muchos abogados litigantes, enfrentaremos consecuencias directas, y, sin duda, nuestros clientes serán quienes más sufrirán por esta situación.
Es fundamental reconocer y apoyar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a manifestarse y expresar colectivamente sus demandas.
Se sostiene que una de las principales afectaciones se relacionará con la carrera judicial, ya que se ha implementado, desde hace varios años, un proceso meritocrático en el Poder Judicial Federal para acceder a cargos superiores.
Sin embargo, es igualmente crucial que este conflicto político se resuelva mediante el diálogo verdadero, democrático y democratizante.
Un paro indefinido podría resultar en un aumento de la impunidad, ya que los casos penales, laborales y civiles permanecerían sin atención, impidiendo la resolución de conflictos necesarios.
El acumulado de juicios pendientes generará un atasco que podría tardar mucho tiempo en resolverse una vez que se reanuden las actividades.
Además, la suspensión de labores puede comprometer el acceso a la justicia, poniendo en riesgo los derechos humanos de todas las personas.
A pesar de los anuncios de que los casos urgentes seguirán su curso, la falta de lineamientos claros genera incertidumbre.
Finalmente, la inoperancia del sistema judicial federal tendrá efectos negativos en el entorno económico.
Las disputas legales, incluidas las comerciales, no se resolverán, lo cual puede desincentivar la inversión y obstaculizar el desarrollo empresarial en el país.
En este delicado momento, es esencial que todas las partes involucradas busquen un camino hacia la solución, priorizando el bienestar de la población.
El panorama no es alentador.
Las posturas de unos y de otros son diametralmente opuestas. No se avizora en el corto plazo una salida política al conflicto.
Lo lamentable es que, las personas justiciables serán las principales afectadas.
juan.rojas@masquederecho.com