La reciente reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso de la Unión ha generado un escenario alarmante, marcado por la politización y la precarización de la justicia, fenómenos que, hasta hace poco, parecían propios del ámbito local.
El Poder Judicial, desde sus orígenes, no fue concebido para atender las demandas de justicia social ni para velar por los intereses de las mayorías desfavorecidas.
Su función, desde la reforma de Zedillo en 1994, fue asegurar un sistema de justicia federal que brindara certidumbre e imparcialidad a los sectores económicos y financieros, tanto nacionales como internacionales, que se relacionaran con México.
En esencia, el Poder Judicial nació para generar confianza entre inversionistas y el Estado, más que para resolver cuestiones de justicia social.
Esto no significa desconocer los avances importantes en materia de derechos humanos que, gracias a las sentencias de la Suprema Corte, se han logrado en el país.
No obstante, esos logros, en su mayoría relacionados con amparos en revisión, representan solo un pequeño grupo dentro del vasto universo de casos que atiende el Poder Judicial.
Por ello, considero que es una exageración afirmar que la democracia, la división de poderes y la justicia están en peligro tras esta reforma.
La verdadera esencia del Poder Judicial no ha sido garantizar la justicia social, sino resolver disputas entre los actores económicos, empresarios e inversionistas.
Esa es la verdadera preocupación que debemos tener en mente.
Durante los últimos quince años, el Poder Judicial se había consolidado como una institución confiable para los sectores empresariales, gracias a la profesionalización de la carrera judicial, la reforma en derechos humanos y la sólida jurisprudencia de la décima época.
Los jueces y magistrados, con amplio conocimiento de la Ley, resolvían los casos con imparcialidad y rigor.
Además, si una resolución no era favorable, siempre existía la certeza de que una instancia superior evaluaría objetivamente los argumentos presentados.
Sin embargo, hoy esa certeza se desmorona. Con ella, también se tambalea la estabilidad que, durante años, había caracterizado al Poder Judicial.
La profesionalización y el desarrollo alcanzado están en riesgo, lo que genera una incertidumbre considerable sobre el futuro de la administración de justicia en México.
Ante este panorama, quienes asesoramos a empresas en tribunales enfrentamos un desafío crucial: ¿cómo proteger los intereses de nuestros clientes en un sistema judicial cada vez más incierto?
Veo dos vías fundamentales a seguir. La primera es la prevención de riesgos.
En este contexto de incertidumbre, el cumplimiento normativo (compliance) se vuelve más importante que nunca.
Ante un sistema de justicia federal impredecible, las empresas deben fortalecer sus mecanismos de prevención para mitigar posibles riesgos legales.
La segunda vía es fomentar la mediación y el arbitraje como métodos alternativos de resolución de conflictos.
En un entorno en el que el sistema judicial parece volverse menos confiable, estas opciones ofrecen una vía más ágil y eficaz para resolver disputas en el ámbito empresarial.
Es vital que las empresas se adapten a esta nueva realidad, desarrollando estrategias legales más sólidas y explorando soluciones que les permitan mantener la estabilidad en tiempos de incertidumbre.