Así como en octubre de 2019 Chile fue sacudido por una revuelta social de inusitada violencia, un año después hemos sido sorprendidos por el resultado de un plebiscito sobre una nueva Constitución, que no se ajusta a la distribución tradicional de los votos en un eje de derecha-izquierda. Mientras el apruebo obtuvo 78.2% de los votos, el rechazo logró 21.7%, una brecha más amplia que cualquiera reflejada en las encuestas previas.
Es decir, casi 8 de cada 10 chilenos que votaron el domingo pueden decir que ganaron. Entre las advertencias de los sectores duros de derecha sobre la apertura de un abismo de tipo venezolano si se reemplaza la Constitución de 1980 y las promesas de la izquierda radical que jura que podrá barrer con el libre mercado, se dio un curioso voto transversal que refleja la demanda por un cambio. En una sociedad diversa como la actual, las posiciones sobre distintos temas siempre son múltiples y pocas veces concitan tanto apoyo.
Al parecer, la polarización máxima que se hubiera reflejado en un resultado 51/49 no era tal y solo estaba instalada en las élites y magnificada por las redes sociales, asumiendo, eso sí, que los plebiscitos son por naturaleza binarios, y por eso no gustan mucho a los demócratas profundos cuando se trata de temas complejos.
El dilema ahora es dilucidar el tipo de cambio que quiere la sociedad chilena y quiénes serán los encargados de materializarlo, en medio de los otros problemas que enfrentamos, como una pandemia que aún no acaba y una economía que necesita volver a la crecer, por nombrar algunos. Y acá va la otra gran conclusión del plebiscito, el castigo a la clase política, y en particular a la que se encuentra en el Congreso, institución que ya figura en último lugar en las encuestas sobre confianza. El 79% optó por una convención constituyente y no la opción mixta, que incluía a parlamentarios, que se supone tienen cierta experiencia en el proceso legislativo.
Quienes se presenten a constituyentes en las elecciones de abril de 2021 tendrán que lidiar con las enormes expectativas puestas en una nueva carta fundamental, que debe incluir derechos y deberes y dar forma a los poderes del Estado, con sus competencias y limitaciones. Aunque existen sectores que ya están haciendo largas listas sobre lo que consideran deben ser los contenidos, desde el reconocimiento constitucional a los pueblos originarios hasta el rol de las regiones en la política exterior. Existe un plazo de un año para redactar el texto a partir de que se inicien las sesiones. Luego vendrá un plebiscito de salida que se puede dar entre enero y abril de 2022.
Por lo que se intuye, habrá una demanda de un Estado con un mayor rol social, sobre todo, en ámbitos como la salud, donde los mercados no han sido suficientes para corregir el acceso dispar a esos servicios. Sobre la necesidad de contar con un sistema de salud nacional robusto —no excluyente de opciones privadas—, el covid-19 ha convencido hasta los más escépticos. En materia de educación, la misma violencia vista en sucesivas protestas por parte de gente joven es una muestra evidente de la mala calidad del sistema público.
En una época de ansiedades, se espera que el Estado provea más seguridades. Sin embargo, eso requiere dinero y ese dinero se obtiene de los impuestos. Por lo cual, no sería lógico que se asfixiara la libre empresa y la iniciativa individual que genera la riqueza que permite pagar los tributos. La conducción responsable de la economía tendrá que garantizarse en la Constitución, a través de instituciones autónomas y reglas claras en materia de administración fiscal.
Está por verse si tendremos la altura de miras para entender que el tema hoy es la calidad del Estado, en cuanto a su capacidad para ser efectivo e inclusivo a la vez. Debatir estrictamente sobre su tamaño y rol (eje tradicional de izquierda-derecha) es muy limitado y solo se presta para que el número de puestos sirva como botín. El proceso constitucional es una oportunidad para buscar un Estado más apto para lidiar con los desafíos actuales.
Después de los resultados del domingo, quienes deben ponerse a trabajar duro son los políticos que fracasaron al intentar capitalizar la revuelta social del 18-0; que se quedaron en la pelea pequeña tratando de agudizar la debilidad del gobierno; que no condenaron a tiempo la violencia; y que, sobre todo, no hicieron las reformas en el Congreso que demandaba el país.
Ahora tienen una gran tarea por delante. Quienes echan la culpa a la “Constitución de Pinochet” de todos los males de Chile se quedarán sin argumentos. Quienes auguran que Chile será “un país más del montón” tienen la opción de probar lo contrario. Es de esperar que el cauce electoral abierto con el plebiscito, y que dará paso a una sucesión de comicios en 2021 —incluidos los presidenciales— vuelva a centrar el diálogo democrático en el mundo de lo posible, que surge de los acuerdos. Como indicó el resultado del domingo 25 de octubre puede que ahora exista una oportunidad, pero es una sola. Estar a la altura del desafío es el problema hoy.
*Director ejecutivo AthenaLab
@juanpablotorov