Existe el miedo de que, tras la aprobación de la reforma judicial, la inversión extranjera deje de llegar y la promesa del nearshoring no se materialice. Lo entiendo. Sin embargo, considero que las preocupaciones más alarmistas son infundadas y que nuestro país obtendrá beneficios significativos (aunque por debajo de lo que debería) de la reconfiguración de las cadenas productivas globales.
De entrada, vale la pena entender por qué tantas empresas de Estados Unidos quieren tener presencia en México. Está, por supuesto, el atractivo del bajo costo. Pero también existe un importante componente estratégico. El gobierno americano tomó la decisión de reducir su dependencia logística en China por considerar que amenaza su seguridad nacional y las empresas tienen que adaptarse a esta realidad.
Ante esta restricción geopolítica, México se vuelve una opción aún más atractiva. Estamos a un lado, formamos parte del T-MEC y no representamos una amenaza estratégica. Somos, además, la opción más competitiva gracias, en gran medida, a nuestro menor costo laboral y nuestra cada vez más capacitada fuerza de trabajo. La integración entre los países es tan grande que nos hemos convertido en el principal socio comercial de EU.
Estas ventajas no desaparecerán con la reforma judicial. Es probable que la incertidumbre jurídica que se genere aumente la percepción de riesgo entre los inversionistas, pero dudo que esto desemboque en una cancelación masiva. Nuestro sistema judicial nunca se ha destacado por su eficiencia y las empresas extranjeras ya están acostumbradas a lidiar con esta realidad. Lo que puede pasar es que los inversionistas exijan mayores rendimientos para compensar el riesgo adicional; algo evidentemente no deseable, pero no devastador.
Además, los conflictos legales con empresas extranjeras se rigen bajo un esquema de arbitraje, lo que las aísla (parcialmente) del sistema judicial mexicano. Dichas empresas también tienen la opción de recurrir a cortes internacionales en caso de que consideren que sus derechos no fueron respetados.
Otra razón por la que no soy tan pesimista sobre los efectos de la reforma judicial en el nearshoring es porque pienso que el próximo gobierno no va a querer ahuyentar el capital. Al contrario. Para financiar sus cuantiosos compromisos sociales y apuntalar a Pemex, se requiere de mucho dinero. Con un déficit fiscal cercano a 6% en 2024 y las calificadoras dispuestas a quitarnos el grado de inversión en caso de que se pierda la disciplina financiera, el nuevo gobierno no tendrá más remedio que impulsar la inversión privada.
La reforma judicial es una mala noticia (sumada a otros factores como infraestructura deficiente e inseguridad) que contribuye a que no tengamos los beneficios del nearshoring. Pero aquellos que anticipan un freno de la inversión por su culpa se equivocan. México seguirá siendo muy atractivo para las empresas de EU.