He escuchado diversas críticas sobre el comportamiento de algunos grandes empresarios con el gobierno. Hay quienes sostienen que son demasiado pasivos y que tienen que ser más vocales en su desaprobación de medidas nocivas para el país, como la reforma judicial.
Desde una perspectiva idealista, una postura así hace sentido: los grandes empresarios, al igual que otros actores influyentes de la sociedad, deben alzar sus voces en defensa del bienestar nacional. Cualquier iniciativa que dañe las perspectivas del país y, en particular las del sector privado, debe ser condenada pública y enérgicamente por los empresarios.
En la práctica, la situación es más compleja. Criticar al gobierno puede traer represalias y, parafraseando un famoso dicho, a nadie le gusta comer lumbre. Algunos dirán que los principios y el patriotismo deben estar por encima de los riesgos económicos que puede traer una postura antagónica al oficialismo. El problema es que, en la mayoría de los casos, la decisión no debe ser individual, ya que el daño de una venganza no recaería solo en un empresario, sino en todos los accionistas de la empresa.
Los directores de las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de cuidar los intereses de sus accionistas. Puede que algún capitán empresarial esté dispuesto a asumir en lo personal el precio de declaraciones que incomoden al gobierno, pero esto no significa que el resto de sus accionistas también lo estén. Si su comportamiento impacta negativamente el precio de la acción, entonces no está cumpliendo con su responsabilidad fiduciaria. No es solo su dinero el que está de por medio.
Ahora bien, para los que son dueños de sus empresas y no dependen de accionistas externos, la situación es distinta: la decisión es solo suya. Si están dispuestos a pagar las consecuencias de un posible castigo del gobierno por su amor a México, ¡enhorabuena!
Pese a que entiendo la postura de quienes quieren un mayor activismo de los grandes empresarios por el efecto mediático que puede tener, considero que la mejor opción para defender las posiciones corporativas son las cámaras empresariales. De esta manera, cualquier represalia no cae en una sola empresa, se diluye. Son las cámaras las encargadas de defender los derechos de los empresarios y de proponer ideas para que crezca el país, sea más competitivo y atraiga más inversiones. Solo que también aquí deben valorarse ciertos límites.
Se puede optar por una crítica constructiva, abierta al diálogo, o asumir una postura beligerante. La pregunta relevante es qué estrategia es más efectiva. En otras palabras, cuál va a tener más probabilidades de modificar una mala política del gobierno. Mi impresión es que en casi todos los casos va a tener más éxito actuar por las buenas. Quizá no le va a gustar esta postura a los críticos más recalcitrantes del régimen, pero no hay que olvidar que a menudo mucho ruido resulta en pocas nueces.