La presidenta de la Suprema Corte presentó el domingo una propuesta de reforma al Poder Judicial. Más allá de sus méritos, mi reacción fue: ¿por qué tardó tanto?
Dos días más tarde, López Obrador consiguió que se aprobara su añorada reforma judicial, la cual tiene como eje rector elegir a los jueces del país por votación popular. Es fácil entender por qué tantos grupos, desde expertos juristas y cámaras empresariales hasta gobiernos extranjeros y organizaciones de la sociedad civil, se opusieron: es una pésima idea. No obstante, es una pésima idea que responde a un diagnóstico correcto: la justicia en México deja mucho, corrijo, muchísimo que desear. Para el mexicano de a píe, aquel que el Presidente denomina “pueblo”, el sistema simplemente no funciona.
Los datos son contundentes. Apenas 20% de la población confía en el poder judicial. Menos de uno de cada 10 delitos denunciados resulta en una sentencia condenatoria (de aquí que la enorme mayoría de la gente ni siquiera se molesta en presentar denuncias cuando son víctimas de un crimen). Siete da cada 10 mexicanos consideran que el sistema favorece a los ricos y poderosos. Basta ver a tantos políticos que deberían estar en la cárcel pavonearse en público para justificar esta percepción. La corrupción es rampante, en particular cuando se trata de jueces locales. Se habla de que la reforma judicial de López Obrador abrirá la puerta al narco cuando ya está adentro.
Desde hace tiempo urge hacer una reforma de fondo a la manera de impartir justicia en el país. El Poder Judicial tenía una deuda enorme con la ciudadanía y se durmió en sus laureles. La factura por fin llegó y desgraciadamente, quien tomó la iniciativa a falta de acción, fue el Ejecutivo. El plan de la Corte contenía buenas ideas, como la necesidad de transformar los ministerios públicos, pero fue muy poco muy tarde.
El Presidente, con su inigualable perspicacia política, se percató tiempo atrás que había tierra fértil para empujar un cambio de fondo y planteó una reforma constitucional desde principios de año que se adecuaba a sus intereses personales. El Poder Judicial ya sabía que esta era una posibilidad real desde entonces. Formó parte de los proyectos a ejecutar en la campaña de Sheinbaum. No era ningún secreto.
Estoy seguro de que la oposición nunca pensó que Morena alcanzaría la supermayoría en el Congreso necesaria para aprobar la reforma (y puedo apostar que tampoco López Obrador). Pero la diferencia es que el Presidente ya había preparado el camino y estaba listo para actuar en caso de obtenerla mientras que la estrategia de los opositores parece haber girado en prender veladoras.
Fue al cuarto para las 12 que el Poder Judicial presentó su propia propuesta para reformarse. No fue el único que tardó en reaccionar. Diversas fuerzas políticas y económicas permanecieron silenciosas por demasiado tiempo. Ya ahogado el niño muchos quisieron tapar el pozo.