México está pasando por una tremenda crisis constitucional, tal vez la peor en los últimos 107 años. La función principal de la Constitución es defender a los ciudadanos de los abusos de la autoridad y determinar cómo se estructura y funciona el Estado Mexicano,
La defensa de los derechos se realiza a través del juicio de amparo, y lo que lo hace efectivo es la obligación que tienen las autoridades de acatar las suspensiones y las resoluciones definitivas con las que se controla su actuación. Las autoridades no pueden cuestionar estos mandatos del poder judicial, si no están de acuerdo pueden combatirlos con recursos legales, pero deben obedecer lo ordenado y se exponen sanciones severas de destitución, cárcel e inhabilitación si incumplen.
En este momento existen varias suspensiones contra la reforma al poder judicial, tanto la presidenta como el legislativo han decidido ignorarlas, sostienen que es dudosa la capacidad del poder judicial de decidir sobre un tema que le impacta directamente, pero no lo combaten legalmente, no presentan recursos argumentando lo señalado, sino que hacen uso del discurso público, y ponen a un Zaldívar a contradecirse a sí mismo alegando que no es posible aquello que propuso en su propia tesis.
En mayor agravante esta semana se resolvió un incidente por la falta de cumplimiento de una suspensión, en donde la juez le da a Claudia 24 horas para mandar bajar la publicación de la reforma y con eso suspender toda su ejecución; de no cumplir la apercibe con aplicarle las penas de desacato. Claudia salió pronto a declarar que no va a cumplir porque según dijo “Ni una jueza, ni ocho ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México” Habrá que recordarle que el artículo 41 de Constitución dispone que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos,” y en este caso el Poder Judicial es competente de representar la soberanía del pueblo de México ejerciendo control constitucional de los actos que estén mal hechos. La juez tendrá que dar vista al ministerio público por el desacato de presidencia, pero el Fiscal General alineado al Gobierno decidirá archivar el tema. A ninguna autoridad le gusta acatar suspensiones, pero hasta ahora no les quedaba de otra, pero ¿y ahora?
Estamos abriendo la puerta al fin de la protección de los derechos. Ignorar las suspensiones es peor que la propia reforma, se deja sin poder al Poder Judicial y eso rompe totalmente la democracia. Ahora si la ley ya no es la ley, el Juicio de Amparo y la Constitución son de adorno.