En México las cosas no estaban bien, por eso hemos llegado hasta donde hemos llegado, pero se están poniendo cada vez peor.
La reforma al Poder Judicial no era por ahorro, de ser así no se explicarían los más de 13 mil millones de pesos que nos vamos a gastar en la elección de jueces en el 2025 y otro tanto en la del 2027. Cada que pagues tus impuestos o cuando veas las reducciones en tu recibo de nómina, recuerda que con esa cantidad que tu aportas al Estado, se van a organizar las elecciones de jueces; un proceso en el que nadie va a saber realmente por quién votar, como ciudadanos no tenemos la capacidad de saber cuáles son los mejores perfiles para ser jueces, no conoceremos a detalle su experiencia, no podremos determinar si es una persona preparada o no, será una elección a ciegas, por lo mismo muy pocas personas acudirán a formarse horas para seleccionar nombres que poco les digan en por lo menos seis urnas en cada casilla. Será una mera simulación, como mucho de lo que hace este gobierno, se designarán como jueces a personajes protegidos por el partido en el poder, que pagarán con justicia a modo a sus patrocinadores sean estos el gobierno, grupos con poder económico o incluso el crimen organizado.
Para blindar todos los errores de forma y fondo que tiene la reforma al poder judicial, proponen ahora otra reforma constitucional para evitar el control de convencionalidad, con aplicación retroactiva. Con esto prácticamente sacamos a México del Sistema Americano de Derechos Humanos, hacemos intocable todo lo que hagan los legisladores, para esta reforma y para las demás que se les ocurran y rompemos el principio de no retroactividad de la ley. Se termina la protección internacional de Derechos Fundamentales, enrareciendo cada vez más y peor nuestro esquema jurídico nacional. Con esta nueva reforma modifican contenido Constitucional, sin parlamento abierto, sin mesas de diálogo, sin escuchar a la sociedad.
Así lo más caro no es el dinero de nuestros impuestos que se va a despilfarrar, sino la mala impartición de justicia que tendremos todos a partir de esta reforma, el quebrantamiento de garantías de defensa de derechos fundamentales, la falta de confianza de los inversionistas arriesgar en México sus capitales y saber que en general, quien no tenga dinero no tendrá justicia y esto les va a afectar principalmente a las clases más desfavorecidas; no los va a proteger el haber votado por el oficialismo, la injusticia legalizada nos va a golpear a todos incluidos los 36 millones que tanto pregonan.
Con todo esto que están haciendo México se vuelve un territorio muy peligroso por no garantizar la protección de los derechos fundamentales. De ahora en adelante sólo tendremos derechos si no le incomodan al gobierno, y eso equivale a no tenerlos.