“Del dicho al hecho hay mucho trecho”, dice el refrán que hace una paradoja sobre una promesa que no corresponde a las acciones que deben seguirse para alcanzar un objetivo.
Algo así pasa con las reformas a los Códigos Penales para sancionar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.
En México 9 millones de mujeres han vivido violencia digital, estas agresiones tienen en su mayoría un alto componente de contenido sexual con la finalidad de avergonzarlas, amenazarlas, atentar contra su vida íntima, libertad sexual y su privacidad.
Además, de acuerdo con datos del INEGI 2017 sobre el ciberacoso, las mujeres reciben más propuestas de carácter sexual (30.8 por ciento) que los hombres (13.1 por ciento) y también reportan recibir más contenido sexual no solicitado, ellas 23.9 por ciento y ellos 14.7 por ciento.
Luego de un arduo trabajo de grupos feministas en las entidades se logró posicionar en la agenda pública, la necesidad de considerar en los marcos normativos que se reconociera la violencia sexual digital como un delito en los Códigos Penales estatales.
Sin embargo, la justicia es lenta para las mujeres que realizan un proceso de denuncia, y la atención y el seguimiento de la investigación no escapa de las lógicas patriarcales que se consuman en actos revictimizantes.
La investigación realizada por la agrupación Luchadoras “Justicia en trámite.
El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México” revela que “las leyes no son un sinónimo de acceso a la justicia”, al referir que las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia están fallando en el desarrollo de procedimientos y mecanismos adecuados para procesar las denuncias, fortalecer las capacidades de investigación de las Fiscalías para investigar casos y concluirlos, así como capacitación especializada sobre en entornos digitales desde una perspectiva multidisciplinaria y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Asimismo recomienda, entre otras cosas, construir un estándar que de pie a la armonización legislativa, con participación de la sociedad civil y otros actores clave, que considere la indivisibilidad de los derechos humanos que forman parte del espacio digital, desde una postura feminista e interseccional.
@nonobarreiro