El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura.
Esta práctica se considera un crimen en el derecho internacional, misma que está prohibida por todos los instrumentos y no se justifica en ninguna circunstancia. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la humanidad.
De acuerdo con los datos del Observatorio Contra la Tortura en México, tan sólo del 2014 al 2022 se abrieron alrededor de 47 mil 069 expedientes de investigación.
Por tal motivo, organizaciones y colectivos realizaron un llamado al gobierno federal electo para que no olvide los desafíos y compromisos pendientes en la materia.
La sociedad civil solicitó que se cumplieran con los pendientes de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura (LGT), entre los que destacan la implementación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Cabe mencionar que desde el 2019, es decir, hace casi cinco años, se presentó una propuesta del citado programa en colaboración con dependencias del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil, pero aún está pendiente su publicación.
Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también pidió a Claudia Sheinbaum erradicar esta práctica, porque las víctimas demandan acciones puntuales.
El organismo internacional también coincide en que la falla radica en la implementación de la ley que se adoptó en México desde el 2017.
Entre los señalamientos destacan la falta de sanciones por el delito de tortura, la consolidación del Registro Nacional del Delito de Tortura y la actualización del Protocolo Homologado de Investigación de dicho delito.
Finalmente, mientras la discusión pública se centra en la reforma judicial, temas tan relevantes como los pendientes con las y los supervivientes de tortura y sus familias merecen acciones efectivas para la erradicación de este delito, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.