Hace casi cuarenta años, el intelectual brasileño Roberto Schwarz decía que la ideología liberal, fundada en ideales franceses, ingleses y alemanes del siglo XIX, garantizaba la libertad de trabajo y la igualdad ante la ley, pero en los hechos las “ideas [estaban] fuera de lugar”, ya que difícilmente éstas respondían a una realidad como la brasileña, cuyo sistema organizativo era, por esclavista, atrasado.
La disparidad entre su sociedad y las ideas del liberalismo europeo daban como resultado una “comedia ideológica diferente a la europea”, lo que impedía la existencia cabal de “sujetos de derecho”, esto es, individuos iguales ante la ley.
Aunque Schwarz denunciaba el sistema esclavista que se perpetuó después de su abolición, lo cierto es que el ensayo “Las ideas fuera de lugar” contribuyó a pensar la especificidad latinoamericana.
Nuestras sociedades son altamente abigarradas: sus formas organizativas suelen ser híbridas, regidas por un aparato jurídico nacional de corte liberal y modelos como los de las comunidades indígenas que se remontan a la época previa a la colonización, y se rigen por acuerdos que privilegian lo colectivo.
Lo anterior evidencia la resistencia histórica de los pueblos indígenas y habitantes de zonas rurales frente a esquemas que, además de ajenos les son impuestos. Los marcos liberales de administración del trabajo y la vida, lejos de garantizar la igualdad y asegurar que todos somos “sujetos de derecho”, perpetúan la segregación y la inequidad.
Un hecho además alarmante si se analiza bajo la lupa de raza y clase. El sistema jurídico liberal no está diseñado para que las personas con formas organizativas híbridas o tradicionales tengan acceso a él.
Ejemplo de ello son las medidas que desde hace unos años han exigido a todos los mexicanos económicamente activos modernizarse conforme a lo establecido por Hacienda para emitir facturas electrónicas.
¿Cuántos campesinos que trabajan de sol a sol cuentan con firma electrónica avanzada para hacer trámites ante el SAT? No digo nada nuevo. A esto se añaden los mecanismos “anticorrupción” que el gobierno ha implementado desde el 2016 a través de su Sistema Nacional Anticorrupción, que buscan priorizar la participación entre la ciudadanía y las autoridades en sus tres niveles para inhibir y sancionar la corrupción y las faltas administrativas; participación que en algunos casos es nula para jornaleros del campo o indígenas, cuyas vidas son distintas a las citadinas o modernas y en ocasiones pauperizadas, lo que limita el acceso a teléfonos inteligentes, computadora o internet.
Mientras más sofisticados se vuelvan los procedimientos para democratizar la contratación a través de plataformas como Procura o Compranet, menor es la posibilidad de que un campesino o un indígena siquiera participe en una convocatoria o licitación. O recurren a terceros o el trabajo se queda entre los digitalmente alfabetizados.
En el marco de estas disposiciones regidas por una rampante “modernidad digital” al servicio del sistema liberal, el punto a reflexionar es: cómo un sistema tan sofisticado, que busca transparentar la contratación y evitar la corrupción en el país, sigue reproduciendo desigualdades.
No me imagino a uno de nuestros cardencheros de La Flor de Jimulco dándose de alta en Procura para poder recibir un pago de la Secretaría de Cultura por un trabajo por honorarios como tallerista de canto.
No, a menos de que sea asistido por un tercero. Mejor regresar a arar de sol a sol. La tercerización es también indicador de desigualdad. Los instrumentos jurídicos digitales son adoptadas “como prueba de modernidad y distinción”, por decirlo en palabras de Schwarz, pero ¿qué tanto le corresponden a nuestra abigarrada, híbrida y desigual realidad? Son sistemas basados en “ideas fuera de lugar”.