La conmemoración de los siete años del caso Ayotzinapa nos abre la oportunidad de sensibilizarnos de nuevo con una causa que debe ocuparnos a todos: la desaparición forzada.
Sin embargo, desafortunadamente muchas veces la sociedad olvida que la lucha de los familiares de los normalistas desparecidos es la misma de miles que desconocen el paradero de sus hijos, hermanos, padres o madres.
El caso ocurrido hace siete años en Guerrero es una muestra de lo peor de un sistema que por todos los medios evita la justicia a las víctimas y la complicidad de altas esferas políticas y militares que han impedido conocer la verdad del hecho.
Pero esta realidad no nada más ocurre en el sur del país, pues aquí también tenemos nuestras desgracias en lo individual y lo colectivo.
Las cifras oficiales hablan de más de 2 mil desaparecidos en Coahuila y de lo que poco se habla si no fuera por la lucha que mantienen a diario las familias.
De hecho las representantes de los diversos colectivos de búsqueda han pedido a los gobiernos evitar sólo compromisos con "casos emblemáticos", pues en ocasiones es una forma en la que para ganar adeptos los diversos políticos hacen promesas de resolver tan o cuál situación en concreta.
Como sociedad cabe no caer en esas falsas promesas y exigir justicia para los miles que han sido afectados por una problemática considerada un mal de lesa humanidad, pero que los tres órdenes de gobierno tratan de minimizar para no asumir su responsabilidad.
Sin embargo, tampoco podemos dejar pasar por alto las conmemoraciones y actividades en el marco de tal o cuál caso, pues no nada más representa una solidaridad con las víctimas, sino también una obligación para evitar la repetición de estos hechos.
Hay que sumarle a esto que no todo se quede en una fecha en concreto y que a diario cuando ocurra alguna situación que ponga en riesgo a las personas salir a las calles y también exigir resultados.