Las críticas y cuestionamientos hacia el árbitro electoral no son nada nuevas, aunque sí es necesario analizar cómo llegamos a esta situación para entender su relevancia.
En el presente proceso electoral ocupan el foco mediático por las disposiciones del INE de anular registros de candidatos morenistas en diferentes partes del país por presuntamente no registrar gastos de precampaña, de ahí que surja un enfrentamiento voraz con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin duda el INE tiene la obligación de sancionar y perseguir a quienes infrinjan la ley, pero resulta sospechoso que lo haga a un solo bando y que el resto permanece igual sin ningún pero.
Se denota en mi opinión cierta venganza entre los consejeros y el partido en el poder, aunque tampoco se justifican las declaraciones presidenciales y sus amenazas porque por ley no debe incurrir en actos de campaña a favor de nadie.
En el caso de Coahuila tenemos algo particular en el tema del INE: tanto precandidatos de Morena como aspirantes a independientes fueron tocados por las resoluciones del órgano electoral con medidas que pudieran resultar ridículas, sobre todo en el último caso que ya de por sí buscar una nominación sin partido es un viacrucis.
El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) tampoco se salva de la polémica que envuelve al árbitro de las contiendas y basta con recordar las elecciones para gobernador de 2017 cuando los grupos opositores al gobierno gobernante no se cansaron de descalificarlo.
Entre el golpeteo estuvieron señalamientos de que consejeros eran cercanos al gobierno estatal o el PRI, sin embargo hay una falla en ese sentido si tomamos en cuenta que en su momento el resto de los partidos no criticaron la conformación del órgano electoral y que en parte tuvieron en sus manos.
En la actualidad hay señalamientos en su contra por la falta de difusión del voto desde el año pasado y que hasta cierto punto puede entenderse, además de que en este proceso optó por debates virtuales en lugar de presenciales con el argumento de la pandemia.
Lo anterior es cuestionable si tomamos en cuenta una cosa: estamos en semáforo verde y ya varias actividades económicas se reactivaron, pero con aforos reducidos.
Cabe la pregunta: ¿en harás de la democracia no se podría hacer algo similar en estos encuentros que son fundamentales?
Lo que sí podemos criticar el IEC es su tibieza al momento de sancionar o señalar el incumplimiento en los protocolos de sanidad para la contienda.
Tanto el año pasado pasado como en este proceso electoral vimos registros de candidatos con aglomeraciones, así como actividades proselitistas lejanos a respetar las 50 personas como tope y con sana distancia.
La excusa perfecta en las ruedas de prensa de sus consejeros fue externar que es algo que compete a la Secretaría de Salud y cuando se cuestiona a esta dependencia se lava las manos regresando la bolita al órgano electoral.
Sin duda los árbitros electorales deben permanecer porque son necesarios, aunque las múltiples reformas los han deformado al grado de que los mismos partidos son quienes influyen de manera importante en su actuar.
Hay rescatar la esencia de aquel IFE que permitió la alternancia política en el 2000.
@luisalbetolo