Abundan los foros, expresiones, manifestaciones y opiniones sobre la reforma al poder judicial mexicano. No es para menos, se trata de un tema de gran relieve nacional, un hito en nuestro sistema jurídico.
Motivado por esa trascendencia, el pasado martes recabé la opinión del grupo de tercer semestre de licenciatura en derecho, de la Universidad de Guanajuato, donde imparto la clase de derecho penal. La dinámica se realizó sin preparación previa, mediante el diálogo sectorizado en equipos –de entre seis y ocho estudiantes– y luego entre todo el grupo. Se acordaron reglas sencillas: absoluta libertad de expresar lo que se piensa, enfocar los argumentos a la esencia de las cosas y no a la descalificación de quienes opinen diferente; y tratar de concretar puntos de coincidencia.
La dinámica duró aproximadamente una hora y los puntos esenciales expresados por ese grupo de estudiantes fueron, en síntesis, los siguientes:
Sí es necesaria una reforma al poder judicial en México, pero se aprecia que en los motivos por hacerla prevalecen los de orden político por encima de las necesidades reales del país en esa materia. Además, expresaron que, en una reforma de este calado, se debe tomar en cuenta el contexto del país: su diversidad y complejidad.
Un sector del grupo opinó que, en los procesos de designación de ministros, magistrados y jueces, la legitimidad se adquiere de manera diferente a la expresión mayoritaria de la población. Que debe prevalecer una valoración profunda en torno a la trayectoria, conocimientos y diversas capacidades que incluyen las de orden socioemocional, pues se trata de una función muy delicada. Que, de asumir la modalidad de la votación popular, se corre el riesgo de que se inmiscuyan partidos o políticos o grupos de diversa índole, lo cual sería muy grave.
Quienes se decantaron por la posibilidad de que la elección fuera popular, adujeron que, en ese supuesto, era necesario fortalecer la cultura de la legalidad en la población de nuestro país, a fin de que las expresiones ciudadanas manifestadas en votos fueran de la manera más informada posible. Además, sería necesario revisar bien el procedimiento; por ejemplo, que, dado el caso, se pusieran a votación de los ministros sólo unas tres o cinco opciones, para que la ciudadanía pudiese enfocar con mayor detenimiento su análisis.
Sea cual fuere el método de designación, el grupo coincidió en que las instituciones jurídicas y académicas debemos trabajar más para aproximar el conocimiento a la ciudadanía, “bajarnos del pedestal” y democratizar el conocimiento.
Expresaron que se aprecian problemas en la administración de justicia como: dilación de los casos, carga laboral y burocracia excesiva, pero que esos problemas no necesariamente se solventaran con los alcances de la reforma.
Las opiniones fueron divididas en torno que se redujeran los emolumentos y prestaciones de los altos funcionarios judiciales. Pero ante esa opinión dividida hubo una coincidencia importante: que los ingresos, sean elevados o reducidos, no deben ser una condicionante para anteponer la honestidad en el ejercicio de la función, en la cual debe prevalecer una vocación auténtica y entrega incondicional al desarrollo de ese trabajo.
Expresaron que el país tiene problemas profundos que no sólo se concretan al poder judicial, sino que deben analizarse a la luz de todo el sistema jurídico mexicano. Y, más aún, que en esos problemas subyacen realidades estructurales más profundas que las que comprende el ámbito jurídico.
El grupo también coincidió en que el sistema jurídico mexicano, en general, se caracteriza por su dispersión. También coincidieron en que en nuestro país se suelen vivir dos mundos diferentes: lo que se dice en la Constitución, y en todo el ordenamiento jurídico, y lo que sucede en la realidad.
En este semestre aún no se lleva la materia de amparo, pero ya llevaron derecho constitucional. Con ese nivel de conocimiento, abordaron otro tema de la reforma: coincidieron en que limitar la suspensión en los juicios de amparo sólo a los promoventes, sin los efectos generales (como actualmente sucede), representaría un retroceso en la protección efectiva de los derechos humanos.
Finalmente, el grupo coincidió en que ante este acontecimiento que se está viviendo en el país, y ante las grandes dicotomías y polarizaciones prevalecientes, como estudiantes de derecho perciben incertidumbre y zozobra. Pero, a pesar de ello, expresaron que asumen su responsabilidad de adaptarse a cualquier circunstancia, anteponiendo su vocación y entrega en el campo del derecho: en su estudio ahora, y en su aplicación al egresar de la licenciatura.
La anterior es un esfuerzo de síntesis de lo expresado en el grupo. El espacio no da para entrar a mayores detalles. Además de las aportaciones expresadas por este grupo de jóvenes, considero que nos dejan una gran lección y nos brindan una renovada esperanza: se puede dialogar sin denostar, criticar sin destruir, y construir en colectivo asumiendo el compromiso individual. ¡Felicidades grupo!