“Se dice que las elecciones deben ser libres. Sin duda, pero también las opiniones deben ser libres, es decir, libremente formadas. Si las opiniones se imponen, las elecciones no pueden ser libres. Un pueblo soberano que no tiene nada que decir de sí mismo, un pueblo sin opiniones propias, cuenta menos que el dos de copas”.
Giovanni Sartori
En pleno auge de las campañas electorales, partidos políticos, las personas candidatas, los órganos electorales, así como instituciones públicas, sociales y privadas de diversa índole, realizan un llamado unísono a la ciudadanía: ¡salgan a votar el próximo 2 de junio! Ojalá tengamos una copiosa participación ciudadana, y se logre abatir el abstencionismo, ese terrible fantasma que daña a la democracia.
La emisión del sufragio debe ser una expresión –importantísima, cierto–, de la participación ciudadana, pero no la única. Reducirla sólo a ese ámbito es minimizar el valor de un universo de personas que un selecto –o electo– grupo gobierna. En un Estado democrático sólido, sociedad y gobierno conforman un círculo virtuoso en el que el conocimiento de los problemas y necesidades, así como algunas decisiones –no todas, aclaro– deben asumirse en conjunto.
En México persisten grandes brechas de desigualdad e inequidad, niveles de pobreza que rayan en la degradación. Nuestro país no sólo se conforma por los grandes corredores industriales, imponentes centros comerciales y parques tecnológicos y de innovación; hay lugares en los que contar con los servicios básicos es prácticamente una utopía para quienes allí habitan. Los contrastes los encontramos por regiones y también en espacios mucho más reducidos: hay ciudades en las que unos cuantos metros separan realidades totalmente opuestas, mundos diferentes.
Ante ese escenario, un gran reto es el fortalecimiento de la participación ciudadana de todos los niveles, en todos los ámbitos. Si la política pública es enfocarse en la emisión de apoyos gubernamentales, asumiendo a la ciudadanía como mera receptora de auspicios, significa tratar a la ciudadanía como como un conjunto de entidades pasivas, lo cual no favorece al fortalecimiento de la democracia. En contrapartida, asumir a la ciudadanía como personas capaces de pensar por cuenta propia, expresar sus necesidades, coadyuvar y comprometerse con el mejoramiento del contexto, a mediano y largo plazo, propicia mejores resultados para la sociedad y para las personas. Desde luego que esto es más complicado, pero de lo que se trata es de superar adversidades, más no de aprovecharse de ellas para fines eminentemente clientelares. En otras palabras: el punto es trabajar en equipo sociedad y gobierno pensando en un mejor país, y no para obtener mayor cantidad de votos.
Por otra parte, quienes tenemos la oportunidad de que nuestros puntos de vista se difundan por instituciones informativas, tenemos el compromiso no sólo de expresar con libertad los escenarios, favorables o desfavorables, sino también de poner a la vista esfuerzos institucionales y buenas prácticas. En el tema que nos ocupa, me referiré a un caso. En la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, un equipo técnico (Equipo Evaluador de la Auditoría Especial de Evaluación y Desempeño), junto con estudiantes y personal académico del programa de Economía de la Universidad de Guanajuato, realizaron un importante estudio sobre la percepción ciudadana de la calidad de los servicios públicos municipales de la entidad.
El programa se llama “CÓMO ANDAMOS. Resultados de la evaluación al desempeño municipal sobre la percepción de la calidad de los servicios Públicos. Informe ciudadano 2022”. Se enfoca en los principales servicios públicos municipales: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, limpia de calles y espacios públicos, recolección de basura, seguridad pública, y recolección de residuos sólidos urbanos. También abarca la percepción de la interacción de ciudadanía y gobierno, en términos de identidad, confianza y sensibilidad sobre las principales preocupaciones en cada uno de los municipios. Este análisis, en su conjunto, permite tener una aproximación con la realidad de cada ciudad, y valorar el desempeño de sus gobiernos, además de proveer información para favorecer la toma de decisiones. Los resultados se pueden consultar en https://issuu.com/aseggto/docs/comoandamos_evaluacion_2022
La metodología, fundamentalmente, se basa en una rigurosa recopilación y análisis de datos, en la cual participaron alrededor de cuatro mil doscientas personas, residentes habituales, respectivamente, de los 46 municipios; mujeres y hombres agrupados en sectores de 18 a 29 años, de 30 a 59, y de 60 en adelante.
La delimitación del programa al espacio municipal adquiere relevancia desde diversos enfoques, pues para la mayoría de la ciudadanía el ámbito de gobierno más sensible e inmediato es el municipio. Ahí las relaciones entre gobierno y población suceden –o debe suceder– de manera más cercana.
Incluso, suele pasar que en el municipio recaiga la mayor demanda de servicios gubernamentales, pues no siempre a la población le queda claro el ámbito de competencia, facultades y atribuciones de los órganos de gobierno –y, en algunos casos, tampoco le queda claro a las propias autoridades o a quienes compiten para serlo–.
Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 115), se reconoce al municipio como la célula básica de la organización política y administrativa del Estado mexicano. Es por ello por lo que el municipio es mucho más que una circunscripción territorial, debe de ser un espacio de expresión de comunidad, interactuando sistemáticamente sobre sus problemas, prioridades, oportunidades y compromisos.
La prospectiva y planeación del país debe suceder en dos vías: desde lo federal a lo local y desde lo local a lo federal, donde esa célula básica, el municipio, adquiera la relevancia que merece tener porque es en ese ámbito donde la ciudadanía tiene su base de interacción, de desarrollo, y de vida.
Esperemos que vengan mejores gobiernos para la ciudadanía y una mejor ciudadanía para la construcción de un mejor país.