En tiempos económicos complicados, tener acceso a dinero fácil y barato puede ser la diferencia entre salir adelante relativamente fácil, o caer en una espiral de destrucción sin precedentes. Esto es cierto para individuos, empresas y países. En ese sentido, tener la capacidad de poder desplegar recursos de manera rápida y eficiente se vuelve importantísimo en momentos de presión económica.
México lo entendió muy bien y en 2009, con Agustín Carstens en la SHCP y Guillermo Ortiz en Banxico, solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una Línea de Crédito Flexible (LCF) para hacer frente a la vorágine económica ocasionada por la Gran Crisis Financiera de 2008. Esa LCF se “sumó” a la contabilidad del Banco como dinero disponible (junto con las reservas internacionales) para hacer frente a choques económicos, locales o globales, que pudieran mermar la estabilidad del Sistema Financiero Mexicano.
El monto solicitado en 2009 fue alrededor de 47 mil millones de dólares (mdd), y el FMI lo otorgó sin muchas complicaciones, lo cual no fue algo menor: en ese entonces, solo 3 países emergentes cumplían los requisitos para solicitarla (México, Polonia y Colombia). En la exposición de motivos, se planteaba que era de naturaleza precautoria y que complementaría la estrategia macroeconómica del país, que incluía, entre otras cosas, fortalecer la confianza del extranjero en las finanzas mexicanas.
Para poner en contexto la época y el monto, cuando se solicitó la LCF, Banxico contaba con 80 mil mdd en reservas internacionales (alrededor del 7.2 por ciento del PIB de 2008). En ese sentido, la LCF representaría más de la mitad de las reservas internacionales, e incrementaría nuestros “activos de seguridad” a un no despreciable 11.4 por ciento del PIB.
Si bien no se llegó a usar, la implementación de la LCF fue un éxito y cumplió con las expectativas de SHCP, Banxico y el mercado en general por lo que, al año siguiente (2010), se renovó por 1 año más y por el mismo monto. Sin embargo, ese año, el FMI flexibilizó las reglas de la contratación de las LCF, y México negoció un cambio a lo que ya tenía pactado. El 10 de enero de 2011, el FMI accedió a ampliar la vigencia de la línea de crédito a 2 años, y a aumentar el monto a 72 mil mdd. Lo anterior llevaba a nuestros “activos de seguridad” (reservas internacionales más LCF) a niveles cercanos a los 180 mil mdd.
La LCF otorgada en 2011 tuvo, incluso, un carácter simbólico. En ese entonces, fue el crédito más grande que el FMI haya otorgado a alguno de sus miembros y, si lo que México buscaba era mandar la señal de fortaleza económica y financiera, ese gesto del FMI abonaba de manera importante a que el mensaje fuera escuchado con fuerza.
La línea se renovó en 2012 y 2014 bajo las mismas condiciones que en 2011 (a 2 años y por un monto aproximado de 72 mil mdd), y en 2016 México decidió renovarla otra vez a 2 años, pero aumentando ligeramente el monto del crédito a 88 mil millones. En 2017, el FMI decidió anticipar la renovación de la LCF (que vencía en 2018) bajo las mismas condiciones que las solicitadas en 2016, esto con la finalidad de hacer frente a problemas petroleros globales, y la volatilidad a raíz de la elección de EE. UU. en donde fue elegido Trump. Sin embargo, en esta renovación, las autoridades mexicanas anunciaron que, para 2019, buscarían empezar a reducir el monto de la LCF buscando una salida gradual y ordenada. Así sucedió en noviembre 2019, cuando el FMI decidió renovar la LCF por dos años más, pero por un monto menor: 61 mil millones, es decir, 30 por ciento menos que lo solicitado en 2017.
Ahora bien, llegamos a noviembre 2021, y es hora de que se tome una decisión respecto a si continuar con dicha reducción, o mantener el nivel actual. Para formarnos una opinión al respecto, primero hay que ver dónde estamos parados.
A inicios de noviembre, las reservas internacionales rondaban alrededor de los 200 mil mdd (18.6 por.ciento del PIB de 2020, es decir, 2.5 veces más a lo observado en 2009, cuando se solicitó por primera vez la LCF) y 261 mil millones si incluimos a la LCF (24.3 por ciento del PIB, 2.1 veces por encima de 2009). Por otro lado, el nivel de endeudamiento del país ha sido mucho menor que nuestros pares emergentes, el tipo de cambio ha estado bastante estable, hemos mantenido una calificación crediticia en el terreno del grado de inversión (arriba o igual a BBB-) y el ruido político ha permanecido así, como ruido, sin que se concrete algún riesgo significativo que pudiese afectar la estabilidad económica y financiera del país.
Aunado a lo anterior, hay que puntualizar que, si bien no se han usado un solo dólar de la LCF, la contratación de dicha línea tiene un costo. Actualmente, el costo es de 0.30 por ciento anual del monto del crédito, a saber, 180 millones.
Dicho esto, varias consideraciones: 1) El nivel de reservas internacionales es bastante adecuado (contrario a lo observado en 2009), por lo que tener una LCF para complementarlo podría parecer ocioso; 2) Hoy por hoy, los fundamentales del país permanecen sanos; 3) Si bien vivimos en una época de alto ruido político, dicho ruido no se ha concretado en situaciones que mermen, de manera significativa, el posicionamiento económico y financiero del país.
En este sentido, mi opinión es que la reducción de la LCF continuará, y será anunciada junto con la renovación que se espera se haga pública a finales de este mes. Esto no nos debería extrañar ya que México sigue teniendo una posición sólida a nivel absoluta y en comparación con sus pares emergentes, y para muestra basta observar el riesgo país: mientras que el riesgo de países emergentes se ha deteriorado este año, el de México ha permanecido bastante estable.
Sin embargo, no hay que perder de vista que la economía mexicana no estará exenta de choques locales y globales en 2022, y que cualquier cambio en la conducción de la política económica deberá hacerse de manera gradual, responsable y transparente.
Luis Gonzalí*
* Vicepresidente y co-director de Inversiones en Franklin Templeton México