Ser periodista en México —sobre todo fuera de CdMx— es una profesión de alto riesgo. No es una exageración: en el sexenio anterior 47 periodistas fueron asesinados en todo el país, según Artículo 19. Es uno de los países más mortales del mundo para el oficio. En este momento es peor aún ser periodista en Sinaloa, donde la violencia, los asesinatos y las balas no cesan. Es casi imposible.
El jueves 17 de octubre, la entrada de las instalaciones del diario El Debate fue baleada con un arma de alto calibre. Periodistas y otras personas que estaban cerca tuvieron que resguardarse para no ser alcanzados por las balas. Un repartidor de ese periódico fue secuestrado y, hasta ayer, no se sabía nada de su paradero. Las autoridades colocaron seguridad extra en el sitio pero, como sucede regularmente —solo 11 por ciento de los crímenes contra periodistas se resuelven en favor de sus víctimas—, el crimen sigue impune.
No es un hecho aislado. Apenas en junio las instalaciones del Diario Adiscusión fueron baleadas. El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas local ha tenido que actuar para proteger a los periodistas y, tan solo en septiembre, le dio a cinco de ellos medidas de “urgente protección”, 24 de protección, siete medidas de atención y 26 medidas preventivas. Los periodistas en Sinaloa están a su suerte, en un momento donde la información real y veraz es un tema de vida o muerte para la población. No podemos permitir —las autoridades no pueden permitir— que continúe la violencia contra los periodistas ni dejar que el periodismo en Sinaloa muera silenciado.
En ese estado, según las cifras de la Secretaría de Seguridad Pública local, del 9 de septiembre al 20 de octubre se cometieron 197 homicidios, 183 privaciones de la libertad y 339 robos de vehículos. La entidad está llena de violencia y la gente necesita saber por dónde o no moverse, o qué está sucediendo en su colonia.
El problema entonces no solo es la violencia al periodismo y a la población, sino que los periodistas tienen que cuidar lo que publican o no publican —desde hace años, pero hoy más—, lo cual ha dejado a la gente a merced de información que circula en redes sociales, WhatsApp o de boca en boca. Esa desinformación, que es alentada y aprovechada por el crimen organizado, solo ayuda al clima de terror que vive la entidad.
Como señala Alejandro Sicairos en un artículo en el diario Noroeste —que también ha sido baleado previamente—, los periodistas “han implementado coberturas y publicaciones sin adjudicarle a uno u otro bando la violencia de alto impacto. Existe la mesura como protocolo de protección en las crónicas de la interminables batallas en los campos de guerra que se convertido Culiacán y con menor intensidad otros 10 municipios, calculando los redactores letra a letra lo que informan, sacándole la vuelta a mensajes en las narcomantas y toda la sintaxis del crimen cuya decodificación es cosa de vida o muerte”.
La vida de los periodistas en Sinaloa está en riesgo a diario por hacer su trabajo. Eso no solo es insostenible para ellos, sino que ante la inacción de las autoridades el estado puede convertirse en un desierto informativo, sin que haya nadie que verifique los datos y actúe con ética y profesionalismo. Esa será otra batalla ganada por quienes generan la violencia.