La gentrificación en la Ciudad de México va más allá de si las salsas pican más o menos en las taquerías o si los menús están en inglés. Tiene que ver, sobre todo, con cómo entendemos el tema de la vivienda: si es un derecho social que debe garantizar el Estado o una mercancía especulativa que sirve solo a los grandes fondos de inversión y desarrolladoras para generar ganancias. En menos de un mes, Clara Brugada será la nueva Jefa de Gobierno capitalina y deberá tomar decisiones de política pública sobre esta disyuntiva.
Cada año, 200 mil personas son desplazadas de su vivienda en la Ciudad de México, según un especial sobre gentrificación que publicó la revista Chilango este mes. Un análisis de Máximo Ernesto Jaramillo señala: “En tan solo 18 años, la vivienda en la Zona Metropolitana del Valle de México se ha encarecido por encima de 260 por ciento en promedio (70 por ciento por encima de la inflación), a la vez que los salarios han disminuido en términos reales 42 por ciento en el mismo periodo”.
Por supuesto, lo fácil es culpar del encarecimiento y gentrificación solo a los nómadas digitales y demás visitantes extranjeros —migrantes del sur global buscando mejores oportunidades de vida, o del norte disfrutando de una moneda barata—. Esa xenofobia solo nos lleva a quitarle al Estado su responsabilidad de hacer cumplir el derecho a la vivienda. Y no solo se trata de un lugar dónde habitar, sino de un espacio que no esté a dos o tres horas de distancia del trabajo, que cuente con áreas verdes, servicios adecuados y sitios de esparcimiento.
Como explica Carla Escoffié en otro texto de la revista, la situación actual lleva gestándose al menos dos generaciones. Por ejemplo, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) “hubo reformas en materia agraria y de planeación urbana cuyo efecto fue una disminución en la rectoría del Estado. El Estado pasó a ser gestor y facilitador, orientando las decisiones en materia de derecho urbano a la potencialización del mercado inmobiliario y no a la redistribución del suelo y el acceso equitativo”.
Después vino el Bando 2 de AMLO, en el 2000, que “frenó la pérdida de población en delegaciones céntricas, pero generó encarecimiento y una expulsión masiva de población hacia las periferias”. Y después vino el Cártel Inmobiliario panista en Benito Juárez, el permiso de destruir el pueblo de Xoco para construir el complejo Mítikah, etc. En resumen: es fácil culpar a los gringos de la “pérdida” de ciertas zonas, pero sería más responsable ver que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la vivienda asequible y adecuada.
Brugada ya ha dado anuncios que parecen ir por ese camino: creó la Secretaría de Vivienda, que reemplaza al Instituto de Vivienda y que deberá garantizar 200 mil acciones sobre ese tema durante el siguiente sexenio. En agosto pasado, declaró: "Nos vamos a convertir en el gobierno que más invierta en vivienda popular y también habrá vivienda en renta muy barata para los jóvenes, con opción de compra. También para los adultos mayores que andan rondando solitos y no tienen dónde vivir, para las mujeres solas también".
Este es un tema medular para el futuro de la ciudad. Habrá que ver si la Jefa de Gobierno electa cumple con su promesa de entender la vivienda como un derecho fundamental para quienes aquí habitamos.