El arresto en Francia del billonario ruso-francés Pável Dúrov, CEO y cofundador de la app de mensajería Telegram, ha provocado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en internet. También, sobre el grado de responsabilidad que tienen las empresas de redes sociales por los contenidos que se postean o envían a través de sus plataformas.
Desde su lanzamiento, hace 13 años, la política de Telegram ha sido no inmiscuirse en la información que envían sus usuarios. Eso ha provocado que sea un espacio seguro para compartir información en Estados totalitarios, pero también ha permitido la operación de terroristas y traficantes de armas, drogas, personas o pornografía infantil. A Dúrov se le acusa de delitos relacionados con actividades ilícitas que se realizan en la aplicación y podría enfrentar hasta 10 años de prisión.
Por un lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo sobre la detención que su país estaba “profundamente comprometido con la libertad de expresión”, pero que “en un estado de derecho, las libertades se defienden dentro de un marco legal, tanto en las redes sociales como en la vida real”. Por el otro, las redes bullen de posteos —incluidos los del dueño de X, Elon Musk, o el activista Edward Snowden— que la consideran una extralimitación gubernamental y un acto de censura.
El debate sobre la regulación gubernamental y la autorregulación que deberían tener las empresas de redes y mensajería sobre discursos de odio, crímenes y el uso de los datos de los usuarios no es nuevo. Facebook, Twitter, WhatsApp y más han buscado durante años —infructuosamente— moderar esa violencia y mostrar que usan la data de forma legal —también infructuosamente, al menos en el caso de Facebook—, pero esta detención está cambiando la postura de esas grandes corporaciones. Hay una guerra por la narrativa sobre si moderar el contenido y los mensajes que se envían va en contra de la libertad de expresión, o si en realidad es una responsabilidad de estas plataformas —y de sus dueños— contener la violencia y los crímenes que se cometen en ellas.
Desde que lo compró el multimillonario “libertario” Elon Musk, Twitter (hoy X) ha dejado de preocuparse por moderar el contenido de odio que se comparte ahí. Esta semana Mark Zuckerberg, CEO de Meta, acusó al gobierno estadunidense de presionar a Facebook para que “censurara ciertos contenidos” relacionados con el covid-19 y que lamentaba no haber hablado al respecto hasta ahora: “Creo que la presión del gobierno fue un error y lamento no haber sido más franco al respecto. También creo que tomamos algunas decisiones que, en retrospectiva y con nueva información, hoy no tomaríamos”. TikTok nunca ha sido transparente sobre el uso que da a los datos de los usuarios y el gobierno estadunidense insiste en que el gobierno de China utiliza la app para cierto tipo de espionaje.
En esto, como en todo, no existe solo el blanco y negro: por supuesto que hay un riesgo en que los gobiernos y las empresas limiten lo que se puede o no hacer y decir en esas plataformas, pues la censura y el autoritarismo siempre acechan. Pero también es absurdo pensar que estas apps se van a regular solas y que serán los mismos usuarios quienes no cometan crímenes. Al final, seguramente será la narrativa y no los datos la que se acabará imponiendo en esta guerra sobre la “libertad de expresión”.