Los días que vive nuestro país, ahora respecto a la política, están en la cuerda floja. Los riesgos que conlleva la nueva estructura del Poder Legislativo entraña una profunda preocupación de los ciudadanos pensantes pero, sobre todo, de los juristas.
Si los juzgadores del futuro no actúan según los preceptos constitucionales y las leyes que rigen al Poder Judicial, sino con base en una "elección popular", entonces la sociedad estará expuesta a que no se juzgue, sino con base en intereses ajenos por su falta de independencia.
La sociedad criminal tendrá acceso a la impunidad, a la trivialización de la violencia, a la inseguridad, el famoso "cobro de piso", así como a la extorsión.
Un jurista de primera como el doctor Valadez, de la UNAM, ha declarado abiertamente los riesgos de llegar a una elección popular de los jueces, una vez que el Poder Judicial está en la mira del Congreso que, aprovechando una "laguna" en la reglamentación en su redacción, rompiendo con el espíritu de la Constitución, se queda con mayorías en ambas Cámaras, sin posibilidad de discusión discrepante.
Ahora la fuerza de la mayoría mandará, y no por decisión interna, sino externa.
Unos tránsfugas de la "oposición" le dieron mayoría al Senado... Ante estos casos, ¿quién volverá a creer en los políticos?
El próximo junio de 2025 se someterá a las urnas a aquellos ministros, jueces y magistrados que pretendan continuar en sus cargos, compitiendo con personas no calificadas que serían propuestas por el Congreso, avasallado por una mayoría cuya consigna ya se conoce desde ahora, obviamente, dispuestos a decidir de ninguna manera defendiendo los derechos de los electores.
La tómbola decapitará o dejará fuera a unos 15 mil aspirantes, aun antes de disputarse el voto popular.
El equívoco del Poder Ejecutivo equivale, en su diagnóstico, a lo que el ministro Javier Laynes califica como aplicación "de quimioterapia a un paciente con arritmia cardiaca".
En un foro parlamentario, unos 50 juzgadores han defendido su misión, los mismos que tomaron la decisión de irse al paro, ubicados en las puertas de sus sedes o lugares de trabajo, en demanda de la anulación de la reforma.
Guillotinado el actual Poder Legislativo, seguimos los ciudadanos de a pie. Los que no comprenden qué significa como justificación, de que "el pueblo manda", pero sí sufriremos las consecuencia de ese etéreo mandato.
Como exclamaban nuestros antepasados ante una adversidad: "Dios nos agarre confesados".