La teoría jurídica sostiene que los Derechos Humanos son supranacionales, es decir que su validez y vigencia no están sujetas a un espacio geográfico determinado o temporalidad concreta. Con ese enfoque, el Consejo de la Judicatura presentó una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos.
Ayer tuvo lugar la primera audiencia sobre este tema en la sede de la OEA, en Washington, D.C.; como parte del 191 periodo ordinario de sesiones, varios temas relativos a México estuvieron en la orden del día de ese organismo.
Sin lugar a dudas el punto más esperado era la audiencia donde tendrían voz y participación tanto el Estado mexicano, como los inconformes: magistrados, jueces y trabajadores del Poder Judicial encabezados por la directora de la Judicatura Federal, Juana Fuentes.
Ante la OEA denunciaron que la elección de jueces aprobada atenta contra la independencia judicial, además de que ofrece resquicios por donde se pueden infiltrar intereses criminales con facilidad y el hecho de que la Reforma Judicial fue hecha sin un diagnóstico previo que la justificara, más como una manera de, aprovechar la mayoría artificial en el Congreso de la Unión para avasallar al Poder Judicial, por parte de los otros dos poderes de la Unión, lo que trae consigo un golpe mortal a la carrera judicial, y la violación de derechos laborales para todas aquellas personas que se verán afectadas con un cese definitivo.
La representación del gobierno mexicano argumentó que la reforma fortalecerá el sistema de justicia, y sostuvo en todo momento que el procedimiento estuvo apegado a derecho y no afecta los derechos laborales.
Además, sostuvo que la reforma judicial es un acto soberano del pueblo mexicano representado en las cámaras de Diputados y Senadores.
Integrantes de la Corte, por su parte, expresaron su preocupación de que las personas electas sean idóneas para tan grave responsabilidad y no se afecte su imparcialidad.