En cuanto a la economía, el estado de Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional, solo abajo del Estado de México y la Ciudad de México, donde la población es tres veces mayor.
Los registros oficiales aseguran que tenemos un Producto Interno Bruto de mil 838 millones de pesos a partir de 2020, ya que desde ese mismo año contaba con 14 de las 50 empresas mexicanas más grandes por ingresos.
Por lo que se refiere al número de habitantes, nuestra entidad ocupa el séptimo lugar, ya que según el Inegi, aquí vivimos 5 millones 784 mil 442 personas, la mayoría concentrados en el Área Metropolitana.
Esto marca una diferencia con respecto a otros estados de la República, donde la distribución poblacional es más dispersa, como ocurre en Puebla con sus 6 millones y medio de habitantes, pero más del 50 por ciento viviendo fuera de la zona urbana.
La economía nuevoleonesa es de las más sólidas del país y con respecto a la poblana, por ejemplo, tiene una gran diversidad de ingresos que la hace muy atractiva para la migración interna y externa.
Sin embargo, cuando se analiza el tema de la violencia, las estadísticas no son tan favorables y el experto en minería de datos, mi compañero César Cubero, lo evidencia con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
El último reporte señala que en cuanto a los homicidios dolosos, estamos ubicados en el quinto nacional con mil 471 muertes violentas, una asignatura pendiente para las autoridades.
También es tercero en el país en el número de detenidos por narcomenudeo, donde en sus primeros 11 meses capturaron a 22.76 personas por día, y ese lugar es poco honroso por lo que significa en el incremento en el consumo de drogas.
Todos esos logros en desarrollo y progreso industrial se ven opacados, porque la generación del bienestar de nada sirve cuando los ciudadanos resultan afectados en su patrimonio o, peor aún, en su integridad física.
Por eso y muchas razones, este 2025 representa un gran reto y ojalá los políticos lo entiendan de una vez por todas.