En Puebla según los datos oficiales, hay más de mil 500 personas desaparecidas, aunque los colectivos hablan de casi el doble solo en los últimos cinco años, y lamentablemente las cifras van en aumento.
Hay entidades como Nuevo León donde reportan más de 6 mil 287 personas no localizadas, y donde el avance en las carpetas de investigación es poco o casi nulo como ocurre en casi todo el país.
La queja recurrente es la falta de recursos para apoyar a las familias, porque cientos de menores se quedaron en la orfandad y sin posibilidades de estudio. No se trata sólo de patrocinar la búsqueda sino de respaldar a los deudos al menos hasta la mayoría de edad.
Por esa razón no se entiende que el estado haya regresado dinero a la Federación, eso de acuerdo con el segundo informe de la cuenta pública 2023 hecho por la Auditoría Superior de la Federación.
Ese informe señala que durante el año pasado Puebla recibió siete millones 725 mil pesos para llevar a cabo acciones de localización de personas desaparecidas, sin embargo, únicamente ejerció tres millones 189 mil pesos.
Es decir, tuvimos que reintegrar cuatro millones 535.7 pesos, o sea el 58.7 por ciento de los recursos que le fueron asignados para dichas tareas. Peor aún fuimos la séptima entidad que menos recursos recibió.
Como dirían las abuelas, de por sí es poco el amor y lo gastamos en celos. Habría qué ver la opinión de los colectivos poblanos como la Voz de los Desaparecidos que siempre han denunciado la falta de apoyos por parte de las autoridades.
La falta de personal en las fiscalías investigadoras hace que miles de carpetas sigan durmiendo el sueño de los justos, mientras los familiares exigen mayor celeridad sin tener eco en sus demandas.
El delicado asunto de las desapariciones es un fenómeno social que se ha incrementado en los últimos sexenios debido a la violencia entre los grupos criminales, pero debemos abordarlo desde el impacto que genera en los niños y niñas que se quedan sin padres, y con quienes seguimos en deuda.