El 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, así como los 16 días de activismo que hacen el puente con el próximo a conmemorarse Día de los Derechos Humanos, nos remiten al aniversario luctuoso de las hermanas Mirabal. Me parece especialmente relevante recordar que la causa que les costó la vida a estas tres mujeres extraordinarias, Minerva, Teresa y Patria, fue la lucha contra la dictadura y en favor de la democracia. Así, no podemos perder de vista que mantener el aliento democrático es fundamental para el avance de las mujeres. Ahí donde no hay libertad, no es posible la igualdad.
Pero quisiera referirme a otro hecho también profundamente doloroso y más cercano a nosotros en tiempo y geografía: me refiero a la matanza de Campo Algodonero, donde ocho mujeres, entre ellas una adulta mayor y dos menores de edad, fueron violadas y privadas de la vida, en el marco de un contexto de violencia sistemática hacia las mujeres en Ciudad Juárez. La Corte Interamericana falló en favor de las víctimas e hizo recomendaciones al Estado mexicano, al cual encontró como revictimizador de las familias de las mujeres que fueron asesinadas.
No obstante que el Estado mexicano reconoció su papel omiso al mostrarse incapaz de trasformar el contexto de violencia generalizada hacia las mujeres, y sin importar que las medidas impuestas se hayan desahogado, la verdad es que no nos encontramos lejos de aquella situación prevaleciente en la primera década del siglo XXI.
Debemos tener claro el doble filo de la violencia hacia las mujeres: la que perpetran los victimarios y la que reitera el Estado a través de sus omisiones o de los señalamientos hacia las víctimas y sus familias.
¡Esto no puede continuar!
Debemos de perseguir los crímenes, pero también transformar el contexto que los hace posibles.