Los partidos políticos tienen el cuasi monopolio de las postulaciones a cargos de elección popular en México. Concretamente, sus liderazgos mantienen una injerencia mayúscula en el proceso de reclutamiento y selección de quienes habrán de ser candidateados. Y si bien cada formación política es diversa, poseen un rasgo compartido: todos están presididos por hombres. No es de sorprender, es un margen de maniobra que han preservado para escapar al principio constitucional de igualdad.
Por eso, los inmensos avances que se han logrado para el acceso de más mujeres a los cargos de elección popular se han hecho por la vía de sentencias y lineamientos que les impiden sacar la vuelta al empoderamiento femenino.
Si bien en los órganos que se integran de forma colegiada como los cabildos y los congresos, la paridad es en muchos casos una realidad, no ha sido ni por asomo así para las presidencias municipales y, mucho menos, las gubernaturas. De 1979 que se eligió la primera gobernadora en Colima, hasta el día de hoy, solo siete mujeres –una de ellas no alcanzó a ejercer– han llegado a ese cargo por la vía de las urnas, y dos más en calidad de sustitutas. Otro dato, desde 2015 hasta ahora se han renovado todas las gubernaturas del país y, a pesar de que la paridad está inscrita en la Constitución, menos del 19% de las candidaturas a los gobiernos de los estados han sido para mujeres.
Ante la aplastante evidencia del rezago, pero, sobre todo, atendiendo a la reforma denominada “Paridad Total”, en estos días el INE estará discutiendo un acuerdo para generar lineamientos que obliguen a los partidos a que en 8 de las 15 gubernaturas que estarán en juego tengan candidatas mujeres distribuidas en igualdad de circunstancias que los varones en aquellos estados con mayores posibilidades de triunfo. Al parecer solo así los señores que dirigen los partidos recordarán que tienen que postular mujeres.
Politóloga*miriamhd4@yahoo.com