A casi tres décadas de la entrada en vigor de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do Pará”, contrario a lo esperado, las violencias contra las mujeres que incrementan el riesgo para su vida, su vulnerabilidad y el daño, se identificó un cambio acelerado en la última década y, mayor aún, en los últimos cinco años.
Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo y Venezuela forman parte de los países latinoamericanos donde se han reportado cambios en contextos socioeconómicos recientes, los cuales han llevado a acelerar los procesos de reproducción, opresión, intimidación y daño excesivo sobre las mujeres y niñas, según el reciente estudio “Panorama de Violencias Emergentes de Alto Riesgo en Servicios de Atención y Protección para Mujeres en América Latina”.
Algunas de las conclusiones de esta investigación señalan que, las violencias se han magnificado a partir de cambios socioeconómicos y políticos, principalmente, que han generado un aumento del clima de tensión, miedo y desprotección de las mujeres al ser imposibilitadas para acceder a ese derecho de vivir libres de violencia.
La pandemia de covid-19 fue uno de los factores que contribuyeron al deterioro de las economías latinas y de todo el mundo, lo que se convirtió en un catalizador en el caldo de cultivo de las violencias de género.
Entre los factores reproductores de violencias de alto riesgo para las mujeres que fueron reportados se encuentran los siguientes: la trata, el tráfico, la esclavitud sexual y la pornografía: 73.1%: la pobreza y a la migración: 76.9%; la economía y las actividades ilegales, así como la impunidad y el crimen organizado: 61.5%; el uso de los cuerpos de las mujeres y las niñas para actividades de economía ilegal: 57.7%; la exclusión social: 50%; la colusión y la corrupción: 46.2%; y las redes sociales y páginas web en ciberdelincuencia, así como tradición mal entendida y misógina: 42.3%.
Esta importante investigación colectiva realizada entre 2020 y 2023, con el apoyo del Senado de República, a través del Instituto “Belisario Domínguez”, fue dirigida por Margarita Guillé Tamayo, en la cual participaron integrantes de la Red Interamericana de Refugios (RIRE), organizaciones aliadas, investigadoras y estudiosas feministas de 16 países latinoamericanos.
Algunas de las conclusiones de esta investigación señalan que existe una clara vinculación entre la debilidad institucional, la incapacidad de brindar protección por parte del Estado y la presencia de economías ilegales; así como la relación de esta problemática con el deterioro de la calidad de las democracias, lo que demanda impulsar acciones permanentes para construir naciones con economías sustentadas en el respeto a los derechos humanos y no en su vulneración.
Esta valiosa información es de obligada consulta para quienes se encargan de elaborar propuestas legislativas, diseñan políticas de igualdad, paz y seguridad, así como para la prevención social de la violencia; acciones urgentes ante la acelerada evolución de las discriminaciones y violencias contra las mujeres y niñas hacia formas más letales en América Latina.