Memoria, verdad y justicia

Ayer escuchaba a familiares de personas desaparecidas. Personas que han vivido desde hace años la violencia en carne propia, que salen a buscar a sus seres queridos al desierto, que han visto pueblos enteros desaparecer del mapa, que saben de la colusión estatal y el involucramiento de actores públicos y privados. Esta es la historia de miles de familias en México. No es normal, nunca podría ser normal.

Es tiempo de hablar de justicia transicional de forma integral: con memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Aquí van algunos puntos para la discusión.

Respecto de memoria y verdad, debemos trascender la verdad jurídica y buscar una más amplia que nos permita avanzar en la reconciliación nacional. Para ello podemos imaginar diversos escenarios:

Hasta ahora, lo que se ha planteado son comisiones de investigación de la verdad de casos concretos. Éstas, me queda claro, no necesariamente forman parte de un contexto de justicia transicional, sino que buscan la verdad en un evento concreto. Este tipo de comisiones, por su naturaleza, no abordan la realidad global del periodo del cual se quiere transitar pero, ciertamente, pueden constituir un primer paso en la construcción de la transición. Estas comisiones deben estar conformadas por un grupo interdisciplinario que no forma parte de los órganos de justicia.

Una segunda posibilidad son las comisiones regionales que cubran el contexto de las diferentes zonas del país y que permitan conocer la verdad de los actores estatales y particulares, los modus operandi, las redes de colaboración. Para lograrlo necesitaríamos, igualmente, equipos interdisciplinarios.

Una tercera posibilidad es la de una gran comisión nacional de la verdad que busque lo mismo que las regionales, pero de forma nacional, como existió en Perú, en Guatemala y, hoy en día, la que apenas empezó sus funciones en Colombia.

Las comisiones de verdad (regionales o nacional) y las comisiones de investigación de la verdad —con sus diferencias— corren (es lo deseable) de forma paralela a las investigaciones y procesos de justicia, es decir, ni deben ser excluyentes ni pueden sustituirse entre sí. Tenemos que pensar en cómo articularlas. Discutamos cuál es la mejor ecuación para México. Además, las comisiones de verdad nos permitirán pensar, siempre desde la voz de las víctimas, en medidas de memoria colectiva.

Por otro lado, en términos de justicia, como he dicho en anteriores ocasiones, es necesario no sólo fortalecer el sistema de administración de justicia, sino pensar en amnistías de conductas que sean posibles de amnistiar de conformidad con nuestra Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos. Dentro del rubro de justicia tampoco podemos descartar la posibilidad de reducir las penas de delitos que no siendo admnisitables, el beneficio de la reducción sirva para alcanzar la verdad, condicionándola siempre a información verídica y comprobada sobre la verdad de los hechos. Ahora bien, es claro que la pacificación del país es un requisito indispensable para propiciar que los actores hablen de lo sucedido. No podemos pensar que la mera reducción de penas pueda incentivar a la gente a hablar cuando, al hacerlo, pudieran ser víctimas de represalias.

Todas y todos querermos saber la verdad de lo que ha pasado en México en estos últimos años, en que los hechos han sobrepasado cualquier pesadilla —despariciones, ejecuciones, tortura, desplazamiento forzado—, y donde el Estado ha sido incapaz de dar acceso a la verdad y a la justicia.

Nunca un familiar olvidará a su ser querido; de lo que se trata es que la sociedad no olvide; que el Estado no olvide; que desde el gobierno se tomen todas las medidas por la memoria, la verdad y la justicia.

La pérdida de un ser querido no puede —nunca podrá— ser entendida en su totalidad. Por ello debemos apostar por las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición. No dejaremos de lado la indemnización, pero no debemos centrarnos en ella.

Para ello, tenemos que empezar a pensar en un plan nacional de reparaciones que involucre a todas las autoridades administrativas y judiciales encargadas de reparar. Es necesario tener claridad y uniformidad en este tema. Es imprescindible que hagamos un balance entre las diferentes formas de reparación y pensar de qué manera vamos a reconciliar la dolorosa realidad de nuestro país. El dolor de una madre por una hija o hijo desaparecido no puede valer más que el de otra.

Para operativizar lo anterior tendríamos que pensar en un proyecto de ley —o varios— que incluya tanto las aministías, como la posible reducción de penas, las comisiones de investigación de la verdad y las comisiones de la verdad, así como el plan nacional de reparaciones. Paralelamente debe ir avanzando la propuesta de legalización de droga y la política pública para la recuperación de espacios económicos. Desde el gobierno, hay que hacer todo, absolutamente todo, para lograr alcanzar la paz.

Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso e implica una labor titánica de todo el Estado. Lo cierto es que es necesaria y también posible. Tenemos la responsabilidad histórica de empezar a construirla, siempre, con las víctimas en el centro.