En una sesión que duro más de ocho horas el pasado domingo en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República, donde la disminuida oposición trataba con insistencia de ser escuchada ante una decisión ya tomada por los legisladores de la cuarta transformación, se sumó otro catálogo de advertencias de los riesgos e inconveniencias de la reforma al Poder Judicial que avanza.
Más de ocho horas de intercambio de ideas, tratando de mostrar con claridad, no solo a los senadores concurrentes, sino a la opinión pública, también las oportunidades de construir una reforma que realmente se adecue y corrija las deficiencias que ya se han reconocido sobre la impartición de justicia y la necesidad de alejarse de la indebida en inmoderada influencia del poder ejecutivo sobre el Poder Judicial, en contubernio con el poder legislativo.
Una de las argumentaciones a mi parecer más certeras y concisas provino del senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien afirmó que la reforma oficialista no garantiza un verdadero acceso a la justicia ni ataca el rezago del sistema, también sostuvo que la iniciativa no fortalece las policías locales, ministerios públicos ni fiscalías y remató reprochando que “Dos poderes nunca antes se habían unido para destruir a otro" pues más allá de eliminar privilegios, se está pretendiendo tomar control del Poder Judicial, que funge como el árbitro del país. Ojalá que esto no quedara para la anécdota, ni para el “se los dije” del futuro.
Tampoco deberían quedarse en ese terreno de la intrascendencia las propuestas que se han formulado por el Partido Acción Nacional o las que apenas ayer domingo presentó la presidenta de la Suprema Corte, que si bien es cierto, surgen como acciones desesperadas y sólo en reacción al avance de las ideas presidenciales, contienen buena parte de la autoevaluación y la experiencia de lo que sí podría permitir avances importante en la impartición de justicia y preservar la autonomía del sistema respectivo y los contrapesos entre poderes.
En complemento a toda esta discusión, a los mexiquenses se nos presenta otra evidencia de lo que verdaderamente hace falta cuando la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cuando se reporta que solo 20 de 125 municipios hoy están en condiciones de aplicar la Ley de Justicia Cívica que deberían operar desde mayo de este año, pero muchos ayuntamientos aún no han cumplido con los requisitos necesarios, por falta de capacidad o de voluntad.
Hoy deberían contar con al menos seis personas en los juzgados cívicos que van desde el juez, secretario y facilitador, hasta un psicólogo y un médico, además disponer de infraestructura y espacios para desahogar los asuntos de manera oral, condiciones dignas en los lugares de arresto y mecanismos para garantizar el alimento, hidratación y comunicación de las personas que deban cumplir con esta medida por infringir alguna norma, pero de las decisiones que se deben tomar para impulsar esto que verdaderamente puede hacer diferencia en la cotidianidad de las mexicanas y mexicanos, ¿bastará que, con algo de suerte, se aborde en transitorios o leyes complementarias?