Dicen que el que avisa no es traidor, así se ha ido cumpliendo paso a paso la intención del proyecto de la 4T para reformar la integración del Poder Judicial, preparándose para culminar con la elección de Jueces, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte, en uso y a veces abuso del poder que ostentan, que hasta ahora ha alcanzado para nulificar cualquier objeción, dado que en los hechos no ha habido fuerza coercitiva del Poder Judicial para hacer valer amparos, suspensiones o cualquiera otra determinación derivada de consideraciones de deficiencias en el proceso. Incluso con precaución, a sabiendas que quizá no haya todo el fundamento, se han confeccionado una reforma que apuntale la supremacía del poder legislativo sobre el judicial, que ya han aplicado de facto.
Este lunes ha trascendido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ante la acción de inconstitucionalidad de la “Reforma Judicial” promovida por el PAN, PRI y otros actores políticos, en el cual propone por principio establecer que la Corte si tiene facultades para revisar reformas constitucionales que contravengan el Pacto Federal y específicamente señala que analiza e invalida sólo aquello se contrapone a las bases que constituyen la República.
Plantea invalidar el cese masivo de jueces que pretenden sustituir por los sean elegidos por voto popular, dado que eso violaría las garantías de inamovilidad que dan estabilidad a la independencia judicial; también propone dejar fuera aspectos como la elección de jueces y magistrados federales mediante voto popular; los "jueces sin rostro," que busca resguardar la identidad de jueces en casos de delincuencia organizada y manteniendo la elección popular para ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y del Tribunal de Disciplina Judicial, asimismo invalidaría la elección de jueces y magistrados locales y también dan por válida la integración del Tribunal de Disciplina Judicial pero acotando algunos de sus alcances y acotan la desaparición de los fideicomisos, entre otros aspectos.
Ante esta versión circulante que se votará esta semana y que entraña un ánimo de mesura buscando un camino a la conciliación, al no conceder todo a ninguno de los bandos y limitándose al no blindar a los ministros de la Suprema Corte, la recepción ha sido desafiante en la voz del Coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, que no reconoce atribuciones al máximo tribunal para cambiar nada en esta reforma. ¿Cabrá aún algo de mesura y responsabilidad en los legisladores si este proyecto se aprueba o darán paso a la profundización de una inédita crisis institucional? Ojalá nos muestren una versión constructiva y menos autoritaria.
Provocaciones
Justo en los tiempos en los que se empieza a retomar con insistencia la idea de la Presidenta Claudia Sheinbaum de volver a la NO Reelección en cargos de elección popular y en someter a elección a los integrantes del poder judicial, suena paradójico, por no decir incongruente, que algunos morenistas parecen muy interesados en que Rosario Piedra Ibarra sea reelegida como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ignorando todos los cuestionamientos y decepciones que ha generado su gestión al frente del Organismo Defensor, al cual por cierto en algún momento propuso desparecer. Más incongruente y extraño que no hayan querido someter esta designación al proceso de votación popular. Ahí es donde se derriten muchos argumentos y la negación de intenciones de control de los poderes e instituciones sin contrapesos posibles. Ojalá me equivocara.