La confrontación entre el Poder Judicial contra el Ejecutivo y el Legislativo, alternada o simultáneamente, por la Reforma Judicial que recién se avivó por la orden la jueza Nancy Juárez, de Coatzacoalcos, Veracruz, para eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional al Poder Judicial, ha tomado un tinte sumamente peligroso e incierto, ya que se ratificó que la titular del Ejecutivo al parecer ha determinado ignorar toda disposición que se oponga a lo que ella ha considerado correcto, necesario y legitimado por su voluntad empoderada por lo que llaman “el pueblo”, con la seguridad además que no hay fuerza capaz de reconvenirla, mucho menos de obligarla a enmendar algo aunque legal o profesionalmente se requiera. Por ello ni siquiera han combatido esas instrucciones, simplemente las han ignorado, dejando viva además la tentación de sancionar a quien se atreva a contradecirles.
A su vez en el Poder Judicial Federal -al que desde la Presidencia y desde las cámaras le han cercenado de facto toda facultad revisora que le dieron los Constituyentes, y menos en un tema tan trascendente en el cual tienen especial interés jueces, magistrados y ministros- se han esmerado mayormente en ensayar diferentes argumentos con base en los cuales alguna de las suspensiones provisionales o definitivas por motivo de los amparos interpuestos por quienes han sentido vulnerados sus derechos con los eventuales efectos de la reforma, sirvan para demostrar que el poder otorgado por la Constitución aún tiene validez, aunque hoy sus intentos lo han exhibido como un símbolo que cobraba vigencia siempre que el Ejecutivo lo concediera, pero hoy sin ello a nadie asusta, y la república se estremece.
Como se observan las cosas, esto podría ser un debate muy largo y peligroso, porque nunca se había llegado a este punto, ni se había desafiado la división de poderes por maniobras semejantes, argumentando la representación del pueblo para impulsar cambios tan profundos y cuestionables. Hoy es incluso incierto que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera analizar los amparos interpuestos o la constitucionalidad de la reforma, su fallo se acepte por los otros poderes.
Ha dicho la presidenta de México que nada de autoritarismo, ni de intentos de concentración del poder o subordinación del Judicial al Ejecutivo (pues el Legislativo al parecer ya lo controla); niegan también que vayan a intentar insertar personas afines a su partido en posiciones de juzgadores, sino a los más calificados. El coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, ha sostenido lo mismo, jurando que buscan solo el bien del país con mejor justicia, aunque reconocen implícitamente que tienen el poder para hacer lo que deseen, extralimitándose.
Ojalá me acepten una idea, ya que creo en la necesidad de la reforma y les creo que no pretenden tomar el control de Poder Judicial Federal, por lo tanto nada perderían: ¿Qué tal si primero elaboran, con la participación de especialistas, una convocatoria y un proceso de evaluación altamente exigente y riguroso para seleccionar -por voto popular, como les gusta-, a los integrantes del tribunal de disciplina judicial? Ahí no se permitirán militantes ni afines a partidos políticos, requerirán experiencia y conocimiento del Poder Judicial. Una vez electos, ellos se encargan del resto de la depuración del Poder Judicial con orden y gradualidad ¿Va? Luego nos encargamos todos de trabajar y hacer crecer a México, como sea necesario.