Desde su establecimiento en 1917, nuestra Constitución ha sido reconocida como la primera Constitución incluyente que otorga derechos a la sociedad en su conjunto, y la mayoría de Reformas han sido consistentes con su objeto. Hasta la fecha, la Constitución se ha transformado con 262 decretos que han realizado más de 700 cambios en sus artículos. De estos, 49 fueron establecidos por el PRI desde 1929 como mayoría absoluta en el Congreso, hasta permitir en 1963 la participación de diputados de partido.
Durante el periodo 1929-1963 el partido hegemónico se dedicó a hacer cambios a la Constitución que continuaron con su tendencia inclusiva, como el derecho a la educación, con el voto permitido a las mujeres y su facultad de ser votadas, la reforma agraria, y con un Estado fuerte, donde se establecen las facultades del Estado de regular el sistema de producción de hidrocarburos, hasta prohibir sus concesiones, y también regular sobre su prevalencia en la producción de energía eléctrica. También se establece la facultad del Ejecutivo en el nombramiento de los miembros del Poder Judicial, y se consolida el ordenamiento territorial.
De 1963 a 1988 el sistema va permitiendo cada vez más la participación de los partidos políticos, pero mantiene su mayoría calificada para realizar aún otros 55 decretos de reforma, donde se nota una tendencia de continuidad en inclusión y derechos, principalmente a los trabajadores, y el acceso a la salud como un derecho humano. Pero también tuvieron lugar importantes cambios a la Constitución en materia electoral que de hecho sentaron las bases para la pérdida de la hegemonía partidista en 1988. Otra tendencia clara es hacia el establecimiento de un Estado Paraestatal con predominio en otros sectores económicos como la banca y los ferrocarriles.
El período presidencial de 1988-2000 marca el desmantelamiento del Estado rector hacia la privatización de sus empresas, y el inicio del periodo llamado Neo-Liberal, donde el PRI pierde su hegemonía en el Congreso, principalmente con el nacimiento del PRD, pero con hegemonía mixta principalmente con el PAN.
El PRI prevaleció en el poder 12 años inicialmente a donde fueron realmente pocos de los 32 decretos constitucionales emitidos que requirieron de la ejecución del desmantelamiento estatal, como el permitir que los servicios bancarios y algunos conexos a la electricidad e hidrocarburos fueran ejecutados por particulares, la consagración del transporte como predominantemente privado, y la apertura de la participación privada de los ferrocarriles mismos que requirieron de alianzas con el PAN. El grueso de las reformas de ese período continuó con el fortalecimiento del sistema electoral, la inclusión de derechos al medio ambiente, y obligatoriedad de la educación preescolar.
Durante el período de alternancia con el PAN del 2000 al 2012 sus 53 decretos de cambio constitucional son poco controvertidos, orientados más a ampliar los derechos de toda la población, fortalecer los derechos humanos, lo mismo que el sistema electoral, donde en algunos temas controvertidos el PRI y el PAN tuvieron la mayoría calificada necesaria.
El período de un presidente del PRI, pero con mayoría calificada para reformas constitucionales compartida con el PAN y el PRD, con 28 decretos de reforma, consolida la consagración del estado mexicano a involucrarse en lo mínimo en materia de actividad económica, en particular con la reforma energética, y en la creación de una diversidad de instituciones que le quitaron funciones al Estado.
Duró poco realmente pues el período de consolidación de un Estado minimalista, porque la subida al poder de MORENA ha significado reformas que regresan a la propuesta constitucional mexicana de 70 años anteriores al Neo-Liberalismo: Un Estado fuerte, incluyente, en control de sus hidrocarburos, su energía eléctrica y otros sectores estratégicos.