Apenas la semana pasada Donald Trump hizo declaraciones de que podría utilizar la fuerza militar para deportar a migrantes indocumentados.
En su sentido más amplio, una deportación masiva de inmigrantes sin documentos radicados en EEUU significa un movimiento de entre 8 y 11 millones de personas que tendrían que ser movilizadas. De estas, 4 millones, según BBVA Research, son personas mexicanas.
Consideramos que por el solo costo que esta deportación implicaría, la definición que usaría Trump para que un migrante sea incluido dentro de su programa de deportación, tendrá que ser acotada.
El grupo más vulnerable que puede ser deportado de manera inmediata sin derecho a pataleo son aquellos que ingresaron al país de manera ilegal durante los últimos dos años. Dadas las estadísticas recientes que observan una tendencia decreciente de migrantes mexicanos indocumentados a Estados Unidos, se esperaría que los de reciente migración son los menos en la cifra global de los 4 millones estimados. Unos cientos de miles, tal vez, aunque continúa siendo una cifra muy considerable.
Si acotamos aún más el concepto bajo la hipótesis de que los sectores de servicios, construcción y agricultura ejercerán presión creíble sobre el nuevo presidente por el daño de semejante acción en su economía, Trump podría volver a su declaratoria original refiriéndose a los criminales indocumentados como los que serán sujetos a esta deportación masiva, donde estaríamos esperando entonces que sean unos cuantos miles de mexicanos los que se encuentren bajo este supuesto, donde el término “criminal” incluya hasta haberse pasado un semáforo.
De hecho, las asociaciones de abogados especializados en migración están trabajando bajo esta definición de deportables para asesorar a los inmigrantes indocumentados en aquel país: inmigrantes que entraron a Estados Unidos durante los últimos dos años, y que tienen algún récord de criminalidad.
Si Donald Trump decide ir ampliando esta definición dentro de los deportables, tendrá que ser un proceso no inmediato, donde cada individuo pase por un proceso legal defensivo, lo cual otorgará un espacio amplio a México para negociar que el movimiento de deportación no incluya a migrantes mexicanos. En ese espacio lo que se esperaría sería que México insista en regularizar a los migrantes indocumentados que trabajan en Estados Unidos, en un esquema de liberalización de movimientos de mano de obra entre ambos países, que incluso podría ser un capítulo adicional del T-MEC.