El día que aceptemos que en 2018 hubo un cambio de régimen sobre la visión del papel del Estado, evitaremos muchos debates, donde se insiste en evaluar a las empresas públicas desde el punto de vista de su rentabilidad económica, cuando en realidad deben ser vistas desde el punto de vista de su rentabilidad social, definida esta como la capacidad de acceso universal a los bienes públicos.
Desde hace 100 años la dicotomía entre el énfasis del control de la economía con o sin preponderancia del Estado ha marcado las historias económicas de los países; entre la visión keynesiana y la liberal.
El pensamiento de Morena se traslapa con el keynesianimo coincidiendo en varias vertientes: en que el Estado debe participar en el estímulo de la demanda, como exitosamente ha sucedido durante estos seis años; además, se consideran los efectos económicos de una re-distribución del ingreso como creadora de demanda, al mejorar la capacidad de consumo de le mayoría de la población, así como facilitar el acceso universal a bienes públicos como es la energía eléctrica y el internet, que mejoran la productividad y el ingreso de las personas.
El nuevo régimen instaurado en México desde 2018 ha sido un exitoso ejemplo de este enfoque keynesiano con las premisas que acabo de mencionar, donde se logró, entre otras cosas, pleno empleo y la estabilidad financiera que el país necesita para seguir creciendo.
La Reforma recientemente aprobada en la cámara de diputados tiene como premisa básica la definición de las empresas públicas como las encargadas de asegurar el acceso universal a los bienes públicos.
Así, la Reforma reza que “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos,telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; el servicio de internet que provea el Estado; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca” . Esto acompañado con los compromisos del Estado de transitar lo antes posible a la producción de energías limpias.
En ninguna parte de la Reforma se impide la participación privada, solamente imperará la prevalencia del Estado en el sector, para poder controlar los precios en su caso.
El crecimiento del sector energético que es inminente con el nearshoring tiene que estar acompañado de la inversión privada, ya sea como proveedores del Estado, o como productores independientes.